Esta semana, la emisión de investigación de Radio Canadá, Enquête, hizo seguimiento a un reportaje que se realizó hace unos años: el papel de algunas agencias de empleo en la explotación de los inmigrantes sin papeles, de los recién llegados y de quienes reciben la llamada “ayuda social”.
Los tres casos no son idénticos: el de las personas que reciben la ayuda social –sin importar su origen- la situación es considerada como un fraude directo pues reciben dinero del Estado porque no tienen trabajo pero, en realidad, trabajan secretamente.
Actualmente, en una ciudad de la provincia de Quebec, se lleva a cabo un proceso contra varias personas, entre ellas muchos inmigrantes, que recibían las ayudas del gobierno y trabajaban sin declarar esas ganancias.
Para los recién llegados que no reciben ayudas, esos pagos de trabajo “al negro” pueden constituirse un problema debido a que no se declaran impuestos sobre esos recursos: fraude al fisco.
Así como los primeros fueron acusados de fraude, los segundos tendrían que pagar los impuestos que no pagaron -más una sanción- si son descubiertos.
En el caso de los sin papeles, la situación es simple: si los llegan a descubrir los expulsan del país.
El debate es amplio y difícil cuando se habla entre comunidades de inmigrantes. Es cierto que hay canadienses “de pura cepa” que hacen lo mismo pero esa no es la justificación para hacer algo indebido que deja “mal parados” a los inmigrantes dicen muchos.
Otros creen que ese trabajo beneficia a la sociedad e, incluso, están convencidos de que el sistema sabe y se hace el de la vista gorda. Para ellos es injusto que se acusa, que se detenga o que se sancione a quienes lo hacen.
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