Los expertos en seguridad han instado al gobierno de la provincia de Ontario, la más populosa del país, a que ajuste las normas que regulan el cambio de nombre legal de una persona a fin de evitar que personas con antecedentes penales puedan ocultar su pasado.
Esto porque para llevar a cabo ese cambio, las autoridades no exigen huellas digitales y tampoco llevan a cabo una verificación de antecedentes policiales.
De acuerdo a la Gaceta de Ontario, órgano de difusión del gobierno provincial, exactamente 9.254 personas cambiaron legalmente de nombre en la provincia de Ontario el año pasado.
Para tener una idea de este número escala nacional, en 2013 cambiaron de nombre legal unas 4.785 personas en la provincia de Columbia Británica, 236 en Nueva Brunswick, 503 en Nueva Escocia, 653 en Terranova, 43 en la Isla del Príncipe Eduardo.
Garry Clement, un policía jubilado de la Real Policía Montada de Canadá, señala que existen lagunas de seguridad en el actual sistema.
En Ontario, son los propios solicitantes los que tienen que revelar, de manera voluntaria, los detalles de sus antecedentes penales, los cargos de acusación y las órdenes judiciales en un formulario que deben completar para solicitar un cambio de nombre.
El formulario también indica que las personas que revelen sus antecedentes penales deberán proporcionar un certificado de antecedentes policiales junto con su solicitud de cambio de nombre. Si no revelan nada, no hay nada que demostrar.
En consecuencia, el sistema corre el riesgo de abuso ya que, al no ser obligatorio revelar antecedentes policiales, esto le permitiría a un criminal borra su pasado.
Garry Clement señala que cualquier solicitud de cambio de nombre en Ontario debería incluir obligatoriamente un certificado policial de buena conducta, además de una muestra de las huellas dactilares.
El crítico conservador Steve Clark señaló que el gobierno de Ontario debe ajustar las normas que regulan el proceso de cambio de nombre y cerrar las brechas de seguridad. Para ello, la provincia más populosa debe adoptar normas en vigor en otras provincias, como Columbia Británica y Alberta, donde la toma de huellas digitales es obligatoria.
Por su parte, el policía federal jubilado Clement dice que una huella digital le asegura al gobierno que está tratando con la persona correcta que está buscando un cambio de nombre. Y que al no colectar esta información, la provincia de Ontario corre riesgos de fraude.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.