Los conservadores han utilizado su mayoría en la Cámara de los Comunes para asegurar la adopción el martes del polémico proyecto de ley que introduce cambios significativos a las leyes electorales.
El proyecto C -23, intitulado Ley sobre la integridad de las elecciones, fue aprobado por 146 votos contra 123.
Desde su introducción, ha sido fuertemente criticado por casi todos los expertos. El gobierno de Harper finalmente cambió sus disposiciones más controvertidas.
En particular renunciado a eliminar la necesidad de un patrocinador que pueda certificar la identidad y lugar de residencia de un votante que no tiene la documentación requerida, a amordazar al Director General de Elecciones y a crear un vacío legislativo que habría permitido a los partidos políticos más ricos gastar millones de dólares durante sus campañas electorales.
«Hicimos un proyecto de ley razonable, escuchamos cuidadosamente a todos los testigos y hemos aceptado las enmiendas que merecían ser adoptadas, dijo el ministro de la Reforma Democrática, Pierre Poilievre , después de la votación del martes . El resultado final es un proyecto de ley que ya era muy bueno en el comienzo y que ahora es excelente, mientras se prepara para ir al Senado. »
El Comité Senatorial de Asuntos Constitucionales y Jurídicos ha realizado un examen preliminar del proyecto el mes pasado y recomendó nueve enmiendas que se han incorporado en el proyecto de ley.
Otras audiencias se llevarán a cabo por el Comité sobre el proyecto de ley, pero es poco probable que la Cámara alta, que está dominada por los conservadores, requiera otros cambios.
Modificaciones insuficientes juzga la oposición
Las modificaciones introducidas por el ministro, sin embargo, no fueron suficientes para apaciguar a la oposición.
«Los cambios no son suficientes, si formamos el gobierno en el 2015, vamos a introducir leyes electorales mucho más justas y vamos a derogar la C-23», argumentó el líder liberal, Justin Trudeau.
Por su parte, el líder del Nuevo Partido Democrático (NDP), Thomas Mulcair, afirmó que el proyecto de ley original era «muy malo» y que el proyecto modificado era «simplemente malo.»
Se refirió a dos fallas en particular: la disposición que prohíbe el uso de la tarjeta de información del elector como prueba de la residencia y el hecho de que el proyecto de ley no otorga al comisario la facultad de obligar a los testigos a cooperar en las investigaciones sobre el fraude electoral.
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