Una disposición disimulada en el último presupuesto federal permitiría a la Agencia de Ingresos de Canadá transmitir datos confidenciales a la policía, sin que esta tenga que obtener un mandato de los tribunales. Un proyecto que suscita mucha inquietud.
Según la nueva medida, sepultada en las 380 páginas de la ley sobre el presupuesto, un funcionario que al analizar la declaración de impuestos de un ciudadano tenga “motivos razonables” de creer que se ha cometido una infracción, podría transmitir esa información a la policía.
La ministra de Hacienda, Kerry-Lynne Findlay, afirma que se trata de armonizar las reglas canadienses con las de los otros países industrializados, pero que en ningún caso se trata de divulgar información sobre simples sospechas o a pedido de la policía.
El abogado Stephane Eljarrat, especialista en litigio fiscal, dice que la ley sobre el presupuesto va demasiado lejos y desaprueba la medida afirmando que “si la ley existe, la policía la va a utilizar”. Eljarrat reclama una enmienda, como lo hizo Quebec, para que los motivos sean validados por un juez antes que se transmita la información.
La oposición oficial está de acuerdo con el abogado Eljarrat. Thomas Mulcair, jefe de la oposición oficial y del Nuevo Partido Democrático, dice que sin mandato se corre el riesgo de que haya abusos. “Un mandato impediría cualquier veleidad de la administración en utilizar su poder para ir más lejos, sin respetar el derecho de los ciudadanos a la vida privada”, dice.
La Ley permite ya a la Agencia de Ingresos de Canadá transmitir información a la policía, pero en circunstancias muy limitadas. Un marco que el gobierno juzga demasiado rígido. Pero, contra más latitud, los partidos de la oposición reclaman más supervisión.
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