La Asociación Canadiense de Libertades Civiles ( ACLC ) cuestiona la constitucionalidad de una nueva ley federal sobre la privacidad que permite a las empresas privadas revelar información personal al gobierno sin necesidad de una orden judicial.
EscucheSu abastecedor de teléfonos portátiles ¿habrá vendido sus informaciones personales a agencias gubernamentales sin prevenirle, por supuesto? Es lo que sostiene la oposición en el Parlamento canadiense.
La Comisionada a la protección de la privacidad de Canadá no sabe por qué el gobierno canadiense exige estos datos y con qué fines.
Y ahora la Asociación Canadiense de Libertades Civiles ( ACLC) quiere invalidar las disposiciones impugnadas de la ley, que violarían la Carta de Derechos y Libertades. Este reto viene a raíz de las revelaciones respecto a que las empresas de telecomunicaciones han proporcionado regularmente dicha información sobre sus clientes a organismos gubernamentales.
En documentos presentados en la Corte Superior de Ontario, la Asociación reconoce que la policía puede necesitar tener acceso a algunas informaciones personales, pero argumenta que el espectro de la ley es demasiado amplio y que ella debería ser anulada.
Según la organización, el hecho de permitir el acceso del gobierno a la información personal y compartirla sin informar a la persona interesada u obtener su acuerdo, puede tener consecuencias muy graves, y violan los derechos constitucionales básicos. Según la ACLC, el hecho de que participan empresas privadas agrava más la situación
Para Sukanya Pillay, abogada de la ACLA, los actores no gubernamentales desempeñan un papel cada vez «más importante» para proporcionar informaciones personales solicitadas por las autoridades y los organismos gubernamentales. En su opinión, la estructura actual» carece totalmente de transparencia » y los mecanismos de rendición de cuentas son inadecuados.
La impugnación presentada en el tribunal precisa, además, que la ley permite en algunos casos a las agencias del gobierno canadiense compartir información con los gobiernos extranjeros.
«Cuando la agencia gubernamental solicitante comparte informaciones con autoridades extranjeras, Canadá pierde el control de esta información , su uso y su posterior divulgación , lo que aumenta el riesgo de graves consecuencias. »
Datos personales: las agencias están en su derecho, dice Stephen Harper
Presionado por preguntas en la Cámara de los Comunes, el primer ministro Stephen Harper respondió al líder de la oposición, Thomas Mulcair , del Nuevo Partido Democrático, quien afirmó que la vida privada de un millón de canadienses estaba » invadida » por el gobierno .
Mulcair se refería a las revelaciones, según las cuales, las agencias federales han realizado 1,2 millones de consultas y obtenido cerca de 800.000 registros de clientes de las empresas de telecomunicaciones, y esto sólo en 2011.
El primer ministro Harper señaló que las agencias buscan de vez en cuando informaciones y que tienen el derecho de hacerlo, dijo el Primer Ministro.
A diferencia del Nuevo Partido Democrático, Stephen Harper no ve nada preocupante en esta situación. Él dice que las agencias federales como la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), están sujetas a los mecanismos de supervisión.
Pero para la Comisionada a la protección de la privacidad de Canadá, Chantal Bernier, los consumidores canadienses necesitan ser más tranquilizado sobre el manejo adecuado de la información personal que circula sobre ellos.
«Creo que hay que restablecer la relación de confianza entre los ciudadanos y las autoridades gubernamentales que, en mi opinión, pasa a través de una mayor transparencia. No creo que sólo con decir que la ley se respeta sea suficiente para reconfortar a los canadienses. » – Chantal Bernier, Comisionada a la Protección de la Privacidad de Canadá
A petición de la Comisionada a la protección de la vida privada, la Asociación Canadiense de Telecomunicaciones Wireless reveló que en 2011 el número promedio combinado de solicitudes de los organismos federales se había elevado a casi 1,2 millones. Al parecer, las agencias en cuestión obtienen la información solicitada sin necesidad de pasar por un juez para obtener de antemano un mandato.
Las compañías telefónicas y de Internet que proveen información de los clientes a las agencias federales reciben a cambio compensaciones financieras. Sin embargo, el monto de las mismas no ha sido revelado.
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