“Lo que habría sido deseable hace 15 años y lo que habría sido necesario hace 10, hoy en día es una urgencia”, dijo ayer el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard cuando habló de las finanzas públicas de Quebec. Sobre la provincia planea una amenaza que podría limitar su capacidad de tomar decisiones, dijo.
Durante su discurso de apertura de la temporada parlamentaria en el Parlamento de Quebec, el primer ministro Couillard estableció nuevamente que sus prioridades son el equilibrio presupuestario, el reembolso de la deuda y la reducción de la carga fiscal de los contribuyentes.
Para lograrlo, el gobierno piensa instaurar dos comisiones, afirmó el Primer ministro.
La primera recomendará los cambios que se deben hacer a nivel fiscal, “de tal forma que ésta sea equitativa, pero que incentive el trabajo, el esfuerzo, las inversiones y la creación de empleos”. El primer ministro desea que la fiscalidad sea competitiva y que al mismo tiempo sirva como herramienta para el desarrollo.
La segunda comisión, que será permanente, deberá evaluar los programas públicos. “Se trata de instaurar un mecanismo, pero sobre todo una cultura de evaluación de programas y formas de funcionar en los servicios públicos”, dijo Philippe Couillard.
El gobierno se espera a que haya cierta resistencia en cuanto sus orientaciones. “Estas recomendaciones serán presentadas públicamente, pero ya sabemos que en ese tipo de acciones es difícil obtener un consenso. Pero las decisiones serán tomadas” dijo sin vacilar el Primer ministro.
El nuevo gobierno liberal piensa también legislar para reafirmar la neutralidad religiosa del Estado, lanzar un foro nacional sobre la intimidación y reactivar el programa de mini centrales de energía.
“Cuando están bien preparados -lo que incluye la consulta de la población y el estudio de impactos ambientales- estos proyectos son buenos y su impacto beneficia sobre todo a las comunidades locales” afirma el primer ministro Couillard.
En 2013, el gobierno del Partido Quebequense había suspendido los programas de pequeñas centrales hidroeléctricas de 50 megavatios y menos. El gobierno alegaba en ese momento que la compañía eléctrica estatal, HydroQuebec, había tenido pérdidas al comprar la electricidad producida por esas mini centrales de energía.
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