La coalición que gobierna en Alemania impulsó este viernes en el Parlamento una importante reforma de las pensiones que reducirá la edad de jubilación a los 63 años para algunos ciudadanos, pese a las advertencias de los economistas de que tal decisión podría dañar la economía.
Un gobierno de coalición previo entre los Conservadores y los Social Demócratas (SPD) acordó en 2007 incrementar la edad de jubilación oficial de los 65 a los 67 años entre 2012 y 2029.
Ese plan fue descartado y la reducción fue pactada a petición del SPD en las negociaciones que en el 2013 dieron lugar a la actual alianza en el poder.
La nueva norma fue aprobada en la Cámara baja del Bundestag, gracias a la amplia mayoría de los socios conservadores de la canciller Angela Merkel y el SPD.
460 votos aprobaron la reforma, 64 se pronunciaron en contra y 60 se abstuvieron. La coalición de Merkel cuenta con 504 legisladores.
La jubilación anticipada en Alemania era uno de los principales proyectos del SPD, pese a que algunos economistas advirtieron que debido al envejecimiento de la población y la escasez de personal preparado, el país podría sufrir las consecuencias.
Los alemanes trabajan más tiempo que los griegos, los españoles y los franceses, según cifras de la oficina de estadísticas Eurostat, jubilándose después de 37 años y medio de trabajo.
El promedio en la UE es de 35 años. Esta reforma es una sorpresa para muchos observadores, ya que Alemania exigió sacrificios económicos a sus socios de la zona euro en dificultades.
Según los nuevos planes, algunas personas podrán jubilarse desde julio con la totalidad de la pensión a los 63 años, siempre que hayan trabajado durante 45 años.
La medida costará unos 900 millones de euros este año, incrementándose a 3.100 millones de euros en el 2030.
Además, unos 9,5 millones de madres o padres cuyos hijos nacieron antes de 1992 recibirán mayores beneficios. Esta medida costará 6.700 millones de euros al año y se pagará principalmente a través de las contribuciones a la Seguridad Social.
Los planes también establecen normas para que haya personas que puedan jubilarse antes por razones de salud. Estas medidas costarán 100 millones de euros en 2014, elevándose hasta aproximadamente 2.100 millones de euros en 2030.
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