Mientras Colombia se prepara para su segunda vuelta electoral por la presidencia en la que se enfrentan el actual presidente Juan Manuel Santos y el uribista Oscar Iván Zuluaga, hace algunas semanas se presentó en Ottawa un informe sobre derechos humanos y comercio entre ambos países.
El pasado 16 de mayo, el gobierno de Canadá, encabezado por el primer ministro conservador Stephen Harper presentó su tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco del controvertido Tratado de libre comercio entre Canadá y Colombia, CCOFTA, por sus siglas en ingles.
Este informe, que el gobierno canadiense tiene la obligación de presentar de acuerdo al Acta de implementación de este tratado comercial, cubre el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
En el documento Ottawa señala que “Actualmente no es posible establecer una relación directa entre el CCOFTA y la situación de los derechos humanos en Colombia. No hay evidencia de una relación causal entre la reducción de las tarifas por parte de Canadá, de acuerdo al CCOFTA, y cambios en l situación de los derechos humanos en Colombia.”
Para la organización canadiense Common Frontiers, Fronteras Comunes, con sede en Toronto, ese documento parece más “un folleto de mercadeo para la economía neoliberal.”
Common Frontiers se define un grupo de trabajo multisectorial que discute y propone una alternativa a los efectos sociales, ambientales y económicos de la integración económica en las Américas. Estas alternativas surgen de la investigación, el análisis y la acción, en cooperación con organizaciones sindicales, de justicia social, de defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y la iglesia.
El CCOFTA entró en vigor en 2011 con el objetivo de ofrecer nuevos mercados a las empresas canadienses y también a las colombianas.
En conversación con Radio Canadá Internacional, Raúl Burbano, director de programas en Common Frontiers, destacó que una vez más, esta evaluación anual del impacto del CCOFTA hizo poco para cumplir con su obligación de analizar los efectos de la inversión canadiense en materia de derechos humanos en Colombia.
Entre las falencias del informe, el organismo canadiense destaca la ausencia de una verdadera consulta a la sociedad civil.
Según Common Frontiers, las presentaciones públicas de distintos actores sociales colombianos expresaron su preocupación por los asesinatos de activistas laborales, por las confrontaciones sobre la extracción de recursos petroleros y mineros, además de diferendos agrícolas. También destacaron la oposición al CCOFTA por parte de sindicatos, comunidades afrocolombianas, campesinos agricultores y mineros artesanales tradicionales.
En lugar de abordar seriamente esas preocupaciones, la respuesta del gobierno de Canadá fue rechazar esas preocupaciones con el argumento de que no tenían vínculo con el CCOFTA.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales en Colombia reportaron más de mil casos de violaciones de derechos humanos en 2013, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, la tortura, el desplazamiento de las poblaciones locales, las detenciones arbitrarias y de limpieza social.
Según Common Frontiers, “estos problemas afectan a Colombia desde hace décadas y no pueden atribuirse únicamente a un acuerdo comercial, pero se puede decir que el CCOFTA está agravando la situación”.
La principal conclusión del informe del Gobierno canadiense sobre los derechos humanos en Colombia es que las preocupaciones planteadas por la sociedad civil, son en gran medida irrelevantes, dice Common Frontiers.
Si el gobierno canadiense quiere dar legitimidad a su informe anual Ottawa no debería ignorar la reducción de las protecciones ambientales y violaciones de los derechos laborales asociados a la industria extractiva canadiense en Colombia. Estas violaciones deberían ser parte esencial de cualquier futuro informe canadiense sobre los derechos humanos en Colombia, dice finalmente Common Frontiers.
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