En una decisión unánime, el máximo tribunal del país estatuyó que la policía debe tener una orden judicial para obtener de un proveedor de servicios de Internet informaciones sobre la identidad de una persona.
Según la Corte Suprema, la obtención de información confidencial sobre una persona de la parte de un proveedor ISP sin tener un mandato puede constituir de hecho una violación del artículo 8 de la Carta de Derechos y Libertades, que protege a los ciudadanos contra los registros abusivos.
En claro, la Corte Suprema dice que la policía debe obtener una orden judicial para obtener el nombre, dirección y teléfono asociados a la dirección IP de un abonado.
Sin embargo, hay excepciones, como lo demuestra la decisión de la Corte.
En su sentencia, el tribunal más alto del país mantiene en efecto la condena de un hombre de Saskatchewan condenado por posesión de pornografía infantil después de haber sido identificado por la información suministrada a la policía, sin orden judicial, por su proveedor de internet.
Este caso fue presentado ante la Corte Suprema de Canadá por este hombre, Matthew David Spencer, quien afirmó que su derecho a la privacidad había sido violado por su proveedor de Internet, que proporcionó voluntariamente información a la policía para identificarlo.
Acusado y condenado por posesión de pornografía infantil por los tribunales de Saskatchewan, el hombre fue identificado por la policía después de que la empresa Shaw, su proveedor de Internet, había comunicado a los investigadores la identidad de su hermana a partir de la dirección IP conectada a la computadora personal de esta última.
El policía, que ha obtenido la dirección de la hermana del señor Spencer, que era dueña de la suscripción, pudo llegar luego hasta él.
El problema, según el querellante, es que el investigador de la policía que acudió a Shaw Communications solicitó dicha información y la ha obtenido de inmediato, y que, sin tener un mandato.
De acuerdo con el abogado del Sr. Spencer, la evidencia que llevó a la policía a encontrar y incriminar a su cliente debería haber sido declarada inadmisible en el juicio, ya que no se la ha obtenido respetando las leyes y en el respeto de sus derechos constitucionales.
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