El Gobierno peruano informó este martes que está investigando el asesinato de cuatro líderes indígenas de la comunidad asháninka, quienes habían recibido amenazas de muerte por su lucha contra la tala ilegal de árboles en la frontera entre Perú y Brasil.
Los dirigentes, entre ellos Edwin Chota, quien era uno de los líderes indígenas más importantes en Perú, fueron asesinados aproximadamente hace una semana poco antes de cruzar la frontera del vecino país para una reunión con sus compañeros asháninkas brasileños, dijo un representante de la tribu.
La policía y otras autoridades se dirigían a la región fronteriza para recuperar los cuerpos e investigar las muertes, informó la viceministra de Cultura, Patricia Balbuena.
Un hombre de la zona que encontró los cuerpos informó que las víctimas mostraban impactos de bala, dijo Balbuena, quien agregó que las autoridades investigan las amenazas de muerte que recibió Chota durante años por parte de madereros ilegales.
Uno de los objetivos fundamentales del líder de los asháninka era conseguir títulos de propiedad oficiales de las tierras que pertenecen a su pueblo, una de las comunidades indígenas más grandes de la Amazonía peruana, para poder defender mejor su territorio de intrusos que vienen a saquear sus recursos naturales.
Chota murió sin haber obtenido un título de propiedad para su pueblo Saweto, cerca de la frontera con Brasil, dijo Reyder Sebastián, líder asháninka que trabajó con Chota en la zona.
Sebastián dijo que la tala ilegal en la zona fronteriza se ha disparado debido a una mafia de peruanos y brasileños que explotan de forma indiscriminada franjas de selva virgen.
El Banco Mundial dijo en un reporte sobre la tala ilegal que alrededor del 80 por ciento de la exportación maderera en Perú viene probablemente de la explotación ilegal de los bosques.
El dirigente asesinado estuvo previamente por unos días en Lima para presionar al gobierno del presidente Humala a que lleve a cabo acciones concretas contra la tala ilegal, y se dirigía a Brasil para discutir el problema con una comunidad cercana asháninka cuando desapareció, dijo Elio Franco, de la Organización Regional de AIDESEP-Ucayali (ORAU), en la zona peruana de Ucayali.
«Todo esto podría haberse evitado si el Gobierno lo hubiera escuchado», afirmó Franco. «Estaban cansados de denunciar tantas amenazas de muerte de parte de los madereros ilegales», agregó Franco.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.