El Congreso de Argentina aprobó este jueves una ley para reestructurar la deuda soberana, en busca de una alternativa al fallo de un juez estadounidense favorable a los fondos buitres y que forzó al país a caer en un segundo default en poco más de una década.
Tras un debate de casi 16 horas, los diputados aprobaron la iniciativa del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández por 134 votos a favor y 99 en contra. El Senado ya había votado en favor de ese proyecto la semana pasada.
La norma permitirá a Argentina pagar su deuda emitida bajo leyes extranjeras, que ronda los 29.000 millones de dólares, en Buenos Aires o en ciudades fuera del alcance de la justicia estadounidense.
La nueva ley también permitirá que los acreedores externos canjeen sus títulos emitidos bajo leyes extranjeras por otros papeles bajo jurisdicción del país sudamericano o Francia.
«La votación implica una mayoría absoluta y ratifica una clara posición: los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país y los que votan en contra están de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres», declaró el jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Argentina cayó a fines de julio en default luego que sus acreedores no recibieron el pago de un título Discount debido a que el juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa bloqueó el proceso de transferencia del dinero hasta que el país sudamericano compense a los fondos buitre que compraron esa deuda impaga desde su incumplimiento del 2002 a precio de descuento.
Argentina logró renegociar con fuertes quitas la mayor parte de su deuda en default en el 2005 y el 2010, pero una minoría de acreedores liderados por fondos, que Argentina considera buitres, reclama el pago total de los bonos.
«Griesa es un hombre malo, un hombre senil, que dicta sentencias incorrectas, como mínimo», dijo durante el debate la líder de la bancada de diputados oficialistas, Juliana di Tullio, en referencia al magistrado de 83 años.
La nueva cesación de pagos se produce en momentos difíciles para la tercera economía latinoamericana, que este año puede contraerse por primera vez en más de una década a causa de una alta tasa de inflación, bajos niveles de inversión y la desconfianza de los consumidores.
La nueva ley, que el juez Griesa dijo que viola sus órdenes, podría resultar ineficaz debido a problemas legales para implementarla y el escepticismo de los inversores.
Si los bonistas se niegan a participar del canje, el Gobierno aún tiene la intención de reemplazar al banco estadounidense Bank of New York Mellon como agente de pagos por el estatal Banco de la Nación Argentina.
Pese a las inconsistencias y las dudas, la estrategia del Gobierno argentino es contar con una herramienta que le permita depositar unos 200 millones de dólares por el cupón del bono Par que vence el 30 de septiembre.
Si luego esos fondos no llegan a los acreedores, como sucedió con el Discount, el Gobierno volverá a argumentar que cumplió con sus obligaciones y que los fondos depositados en el agente de pago ya no le pertenecen sino que son de los bonistas.
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