Dos organizaciones de la sociedad civil, la Federación Canadiense de Estudiantes y el Consejo de los Canadienses pedirán a los tribunales la anulación de partes de la legislación llamada Ley de Elecciones Justas, que fue adoptada por el gobierno del primer ministro conservador, Stephen Harper.
Las dos organizaciones y tres electores individuales presentarán su demanda ante la Corte Superior de Ontario.
Los demandantes quieren la anulación de las disposiciones que hacen más difícil para los votantes demostrar su identidad en las urnas y quieren también reducir los poderes y responsabilidades del Director General de Elecciones.
Jessica McCormick, portavoz de la Federación Canadiense de Estudiantes dijo que esa ley electoral aliena a los jóvenes, que ya desconfían del sistema. «Esta ley instaura barreras adicionales entre los jóvenes canadienses y su derecho a votar «, dijo.
McCormick señaló que la participación de los jóvenes en las elecciones es lamentable. «Sólo el 38 por ciento de los jóvenes votaron en la última elección federal”, destacó la dirigente estudiantil, añadiendo que «nuestros representantes electos deberían acercarse a la juventud y reducir los obstáculos a la votación, en lugar de crear más barreras.»
Garry Neil, director ejecutivo del Consejo de los Canadienses, destacó que la Ley Electoral viola las disposiciones sobre igualdad incluidas en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y que la legislación aprobada por los conservadores atenta contra la garantía del derecho al voto.
Neil también señaló que los cambios electorales impuestos por el partido en el poder en Ottawa harán que el comisionado de elecciones tenga que rendir cuentas a los intereses partidistas y no los votantes.
El director ejecutivo del Consejo de los Canadienses destacó que las nuevas disposiciones de identificación establecidas en la ley afectarán negativamente el derecho al voto de los jóvenes, los pueblos indígenas que viven en reservas, los adultos mayores y las personas con bajos ingresos.
«Las medidas impugnadas son profundamente anti-democráticas», señaló Garry Neil, añadiendo que la ley electoral aprobada por el gobierno conservador pone limitaciones al derecho al voto al hacer más difícil para algunos votantes marcar su opción en una papeleta.
«Esta ley hará que sea imposible para miles de electores demostrar su lugar de residencia o su identidad a fin de obtener una boleta para votar en las próximas elecciones. Se despoja al Director Electoral de su autoridad para alertar al público e informar al Parlamento sobre denuncias e investigaciones sobre el fraude electoral. Esto hace que el Comisionado de Elecciones Canadá rinda cuentas solamente al gobierno, en lugar de hacerlo ante los miembros del Parlamento», denunció Garry Neal, del organismo no gubernamental Consejo de los Canadienses.
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