Los instigadores de un recurso colectivo podrían utilizar las grabaciones de escuchas electrónicas en el marco de su demanda civil contra un cartel de la gasolina que operó en los años 2000 en varias regiones de la provincia de Quebec.
La Corte Suprema de Canadá en un fallo mayoritario de 6 contra 1, estatuyó que el recurso a las escuchas electrónicas no desafora la vida privada. El fallo sostiene que la información contenida en las grabaciones es pertinente y que la Corte puede balizar su utilización para proteger las informaciones personales que puedan contener.
La Oficina de la Competencia de Canadá había procedido a miles de escuchas electrónicas en 2004, en el marco de su investigación que tenía como nombre de código: Octano. Esas escuchas electrónicas habían conducido entre 2008 y 2010, a la presentación de una serie de acusaciones de fijación de precios contra gasolineras que se ponían de acuerdo entre ellas para aumentar los precios de la gasolina al detalle.
La presentación de estas acusaciones había alentado a Simon Jacques, Marcel Lafontaine y a la Asociación para la protección automóvil presentar recursos colectivos distintos. Uno contra la compañía petrolera Imperial, que explota las gasolineras Esso y otra contra Alimentación Couche-Tard.
Los instigadores del recurso colectivo intentaron obtener las grabaciones de la Oficina de la Competencia de Canadá para apoyar su demanda, pero esta se opuso invocando el derecho a la vida privada.
La decisión de la Corte Suprema de Canadá rechaza las pretensiones de la Oficina de la Competencia de Canadá y permite al recurso colectivo seguir su curso.
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