Este martes el Tribunal Constitucional español hizo saber que decidió suspender por unanimidad la consulta ciudadana sobre la independencia planteada por el Ejecutivo regional de Cataluña para el domingo 9 de noviembre.
«La suspensión tiene efectos desde el día 31 de octubre, fecha de interposición del recurso por la Abogacía del Estado», especificó el tribunal en una nota.
El Gobierno central español, presidido por Mariano Rajoy, pidió la suspensión de la iniciativa alegando que enmascaraba un referéndum sobre la autodeterminación catalana que el mismo Tribunal Constitucional había suspendido en septiembre pasado.
Al admitir a trámite la impugnación, que considera que la iniciativa carece de base legal y garantías para los ciudadanos, la consulta queda suspendida a la espera de una resolución sobre el fondo de la cuestión, lo que podría tardar meses.
La Generalitat, que es el gobierno regional catalán, que ya anunció que llevará al Ejecutivo central ante los tribunales por abuso de poder, podría llevar adelante su propósito de celebrar un consulta participativa, delegando el proceso a las organizaciones de la sociedad civil que ya están implicadas.
La consulta, que al igual que el referéndum no es vinculante, contaba con la aprobación de la mayoría de las fuerzas del Parlamento regional catalán y a ella se sumó prácticamente la totalidad de los ayuntamientos de una región de 7,5 millones de habitantes.
Unos 5,4 millones de ellos estaban convocados a dar su opinión sobre su relación con España, respondiendo a la doble pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado?» y, en caso afirmativo, «¿quiere que ese Estado sea independiente?»
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