El presidente mexicano quiere dar un gran golpe para frenar el crimen organizado de las instituciones municipales, atacando los cuerpos policiales.
En un discurso a la nación, Peña Nieto, frente a la crisis más grave de su gobierno desde el inicio de su mandato, anunció su intención de disolver los cuerpos policiales municipales.
La masacre de finales de septiembre de 43 estudiantes que fueron entregados por la policía local a los asesinos de un cartel de narcotraficantes, probablemente instigados por el alcalde de Iguala, tuvo el efecto de un electrochoque para el país.
Los policías municipales del Estado de Guerrero, donde se produjo el drama, serán los primeros en ser disueltos.
“México no puede continuar así”, reconoció Peña Nieto y agregó: “en la tragedia de Iguala se combinaron varias condiciones inaceptables de debilidad institucional que no podemos ignorar: un grupo criminal que controlaba el de territorio de varias municipalidades, autoridades municipales que formaban parte de la estructura de la organización criminal, policías que en realidad eran criminales a las órdenes de delincuentes”.
El presidente precisó, además, que el proyecto de reforma daría al gobierno el poder de disolver las municipalidades “cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está implicada en el crimen organizado”.
Los cuerpos de 43 estudiantes no han sido encontrados hasta ahora, a pesar de las confesiones de presuntos miembros de un grupo criminal. Según el Ministro de la Justicia, estos individuos afirmaron que los policías les entregaron a los jóvenes que ellos asesinaron después.
Tras el lanzamiento de una guerra contra los narcotraficantes en diciembre de 2006, México ha registrado más de 80 000 muertes vinculadas a la violencia de los narcotraficantes y más de 20 000 desapariciones.
Centenares de fosas comunes clandestinas han sido descubiertas en este período en todo México con un número indeterminado de cadáveres.
El predecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón había intentado también una reforma de la policía mexicana, lanzando un programa de calificación para más de 400 000 agentes federales, regionales y municipales.
Según un informe del organismo sin fines de lucro Causa en Común, 42 214 de esos policías continúan estando en actividad, a pesar de esos controles.
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