Esta semana el editorial del periódico de mayor tirada en Canadá, The Toronto Star, destaca que en 2014, los conservadores continuaron con su tranquila devolución de poderes federales hacia las provincias, a un alto costo para nuestra ciudadanía compartida.
En 2005, Stephen Harper, entonces líder de la oposición en el parlamento canadiense, propuso un nuevo tipo de dinámica federal-provincial que él llamó un «federalismo abierto».
Harper prometió que si era elegido los conservadores actuarían como socios de las provincias y no como patrones. También prometió que pondría fin a la práctica liberal de imponer una agenda mediante transferencias con condiciones, y pondría fin al conflictivo ambiente que había caracterizado las relaciones federales-provinciales durante décadas.
Harper prometió que un gobierno conservador proporcionaría una «plena cooperación con todos los niveles de gobierno, aclarando al mismo tiempo las funciones y responsabilidades de cada uno.»
Este discurso sonó bien, sobre todo para Quebec, que desde hace tiempo pedía transferencias sin condiciones. Los votantes en esa provincia le dieron la victoria a los conservadores en 2006.
Sin embargo, ocho años más tarde, y particularmente al acabar el 2014, la promesa del primer ministro Harper, de una «plena cooperación» con las provincias, se ve ahora particularmente tragicómica.
Una “plena cooperación” requiere por lo menos la voluntad de reunirse. Sin embargo, durante más de un año, Harper se ha negado a reunirse con la primera ministra de Ontario, quien es la jefa de gobierno de la provincia más populosa de Canadá. Y esto pese a las reiteradas peticiones verbales y escritas tanto de parte de la primera ministra Kathleen Wynne como de su gabinete.
Harper tampoco ha convocado a una reunión de primeros ministros provinciales desde 2009, dejando a las autoridades provinciales resolver por su cuenta el futuro de la salud pública, de los programas de jubilación, las subvenciones al empleo y otros temas intergubernamentales.
Las razones políticas para no asistir a estas reuniones son obvias. Los primeros ministros provinciales tienden a ser muy críticos hacia el primer ministro de Canadá. Pero el ausentismo de Harper también refleja la posición de su gobierno frente a la responsabilidad del gobierno federal en áreas de jurisdicción provincial: es que no quiere tener ninguna.
De este modo el gobierno federal se ha lavado las manos de cualquier responsabilidad sobre la organización del sistema público de salud. A principios de este año expiró el acuerdo de diez años para la inversión de 41 mil millones de dólares en el sistema de salud, firmado por el entonces primer ministro de Canadá, Paul Martin, y las provincias.
En vez de renegociar ese acuerdo, los conservadores se comprometieron a seguir aumentando las transferencias, aunque a un nivel más bajo a partir de 2017, eliminando de paso todas las condiciones. Además, Ottawa llegó a su nueva fórmula de financiación de manera unilateral, sin consultar con las provincias.
El problema es que el mantenimiento de la eficacia del sistema de salud depende del liderazgo federal. Solamente Ottawa puede establecer normas pancanadienses para que las provincias no acaben enfrentándose entre sí. De lo contrario, cualquier jurisdicción que opte por la privatización, podría acabar absorbiendo personal médico de las otras provincias.
Por otro lado el sistema de salud público tendrá que ser reformado para incorporar los cambios demográficos y en la medicina a fin de no perder la calidad. Por tanto, si no hay un gobierno central que supervise estos cambios, las provincias y territorios acabarán no sólo con una fragmentación de los sistemas de salud, sino también con profundas desigualdades.
La política social también ha sido remodelada debido a la propensión del gobierno conservador de transferir su responsabilidad federal hacia las provincias.
Un ejemplo es la decisión tomada en 2006 por los conservadores de Harper de cancelar los acuerdos sobre guarderías infantiles, que dejó en manos de las propias provincias la responsabilidad sobre la atención a los niños. Fue una mala decisión, ya que la guardería infantil es un servicio esencial al que todos los canadienses merecen tener un acceso comparable.
Si los canadiense creen que un sistema de guarderías infantiles, los cuidados médicos a domicilio, el sistema público de salud, o el sistema de seguridad de ingresos, son tan fundamentales que deben ser garantizados para todos los canadienses, vivan donde vivan, entonces Ottawa tiene un papel crucial que desempeñar.
Sin un liderazgo federal no tendríamos un sistema público de salud. Ni una red de seguridad social que sirva a toda la población del país. No hay duda de que la construcción de esos grandes programas fue una tarea difícil y complicada.
Puede que al romper los vínculos del gobierno federal con las políticas sociales y de salud en el país, los conservadores de Harper estén haciendo las cosas más simples. Son cambios hechos sin mucha fanfarria, en silencio, de manera progresiva, y a menudo ocurren simplemente porque Ottawa no hace nada. Y todo esto tanto sin un mayor debate público sobre las consecuencias.
Sin embargo, tal vez los canadienses podríamos vivir con un poco de desorden y conflicto si entendiéramos que la alternativa es la erosión de nuestra ciudadanía compartida, dice finalmente el editorial del periódico canadiense The Toronto Star.
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