En Canadá, en este año de elecciones federales, uno de los temas que se ha convertido en caballo de batalla electoral o en espantapájaros de conveniencia, según la perspectiva que se tenga sobre el tema, es la llamada “lucha contra el terrorismo”.
Este es un tema de gran importancia para el actual gobierno conservador, encabezado por el primer ministro Stephen Harper. A tal punto que ellos han presentado el pasado 30 de enero en Ottawa una propuesta de ley antiterrorista, la ley C-51. Se trata de una ley que ha sido severamente criticada desde diversos sectores de la sociedad canadiense y que, según las encuestas, cuenta con el apoyo de la población.
Esta semana cuatro ex primeros ministros de Canadá, cinco ex jueces de la Corte Suprema del país, siete ex ministros del gobierno federal y cuatro ex miembros de distintos comités de supervisión de las operaciones de inteligencia publicaron una carta abierta manifestando sus preocupaciones ante la nueva ley, deplorando la ausencia de mecanismos adecuados para supervisar y encuadrar las actividades de los cuerpos de inteligencia canadiense.
Tanto la oposición oficial en el Parlamento, el Nuevo Partido Democrático, así como el Partido Verde, rechazan la ley propuesta por los conservadores. Según ellos, uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que puede convertir un acto de protesta de la sociedad civil en un acto de terrorismo.
Aunque este proyecto de ley C-51 es descrito como una ley antiterrorista, el terrorismo como tal ocupa el cuarto lugar en la lista de nueve actividades comprendidas en esta ley y consideradas como un peligro para la seguridad de Canadá.
Número uno en la lista es una cláusula que lo abarca todo bajo el título de actividades de interferencia. Esto incluye acciones que afectan la estabilidad económica o financiera.
En Canadá la desobediencia civil nunca fue legal, es por eso que se llama justamente “desobediencia”. Y tampoco había sido considerada, ni de lejos, como una actividad similar al terrorismo. Sin embargo, el proyecto de ley C-51 solamente reconoce como legítimas aquellas actividades de protesta pública consideradas por las autoridades como “legales”.
De este modo, bloquear la construcción de un oleoducto debido a que es un riesgo para la salud u oponerse a la explotación forestal mediante acciones de protesta, no son actividades consideradas como “legales”. También se puede decir que son actividades de protesta que interfieren con la estabilidad económica de Canadá.
Según la nueva ley C-51, lo que anteriormente era considerado como una infracción, ahora puede ser considerado y sancionado como un acto de terrorismo, sostienen los críticos de la legislación propuesta.
De acuerdo a la líder del Partido Verde, Elizabeth May, esta ley puede afectar a sus candidatos en las próximas elecciones federales. Una de ellos, Lynne Quarmby, profesora del Departamento de biología molecular y bioquímica de la Universidad Simon Fraser, en Vancouver. Ella fue arrestada bajo el cargo de desobediencia civil por participar en una acción de protesta contra la construcción de un oleoducto en Columbia Británica.
El ex diputado conservador, y ahora independiente, Brent Rathgeber, quien abandonó ese partido hace un año porque considera que el Primer Ministro Harper concentra en sus manos demasiado poder, dice que Elizabeth May no se equivoca al manifestar sus preocupaciones.
El gobierno conservador argumenta que la excepción en favor de las manifestaciones legales significa que los participantes en esos eventos no tienen nada que temer.
Sin embargo, los expertos en leyes constitucionales señalan que esa interpretación es errónea, porque los actos que no son legales, no son necesariamente actos criminales.
La nueva ley antiterrorista propuesta por los conservadores puede ser utilizada contra trabajadores que de pronto deciden entrar en huelga, o contra personas que organizan una manifestación sin permiso de las autoridades.
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