La propuesta de ley antiterrorista C-51, presentada por el gobernante Partido Conservador en el Parlamento canadiense representa un riesgo para el trabajo de las organizaciones de defensa del medioambiente, como Greenpeace.
Esto es lo que explica Diego Creimer, consejero en comunicaciones de esta entidad, en una entrevista realizada por Rufo Valencia en este lunes 23 de febrero, día en que la temperatura registraba 21 grados bajo cero en Montreal, y la sensación térmica descendía a los 34 grados bajo cero.
Según el portavoz de Greenpeace, las acciones mediáticas de sensibilización de la opinión pública al tema del recalentamiento planetario, podrían ser consideradas como acciones terroristas, según los términos del nuevo proyecto de ley.
El proyecto C-51 es una ley que ha sido severamente criticada desde diversos sectores de la sociedad canadiense y que, según las encuestas, cuenta con el apoyo de la población.
Según Creimer, el gobierno federal canadiense impondrá el peso de su mayoría para imponer esta ley, en lo que considera como una deriva autoritaria y una disminución de los espacios democráticos en el país.
El gobierno de Canadá presentó el pasado 30 de enero su nueva legislación antiterrorista que permitirá la detención de sospechosos en base a menos pruebas y le permitirá al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, CSIS por sus siglas en inglés, interferir activamente con los planes de viaje y las finanzas de los sospechosos.
El nuevo proyecto de ley, C-51, tiene sólo 62 páginas, pero contiene una variedad de mayores poderes otorgados al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad (CSIS).
Los elementos centrales del proyecto de ley son los siguientes:
1. Reducción de las razones que pueden llevar a una detención
Las nuevas medidas permitirán que las fuerzas del orden detengan a cualquier persona si creen que está envuelta en un acto terrorista que «puede llevarse a cabo,» en lugar de la norma actual que establece que el arresto procede cuando el acto terrorista «se llevará a cabo.» También aumentará el período de detención preventiva de tres a siete días.
Otra medida propuesta es el establecimiento de un “peace bond” u orden de buena conducta, que es una orden emitida por una Corte de justicia que requiere que la persona mantenga la buena conducta. Esta medida se mantendrá durante cinco años si la persona fue condenada anteriormente por un delito de terrorismo. Las nuevas medidas obligarán a la persona entregar su pasaporte, a ser sometidas a la vigilancia electrónica o la prohibición de abandonar una jurisdicción dada.
2. Criminalización de la promoción del terrorismo
Actualmente es ilegal en Canadá aconsejar o alentar activamente a alguien a cometer un delito de terrorismo específico. El proyecto de ley C-51 prohibirá la promoción del terrorismo o el fomento intencional de esta actividad. Para estos casos, el proyecto de ley señala una pena máxima de cinco años de prisión.
Los funcionarios fueron cuidadosos en destacar que el proyecto de ley no tipifica como delito la glorificación del terrorismo, señalando la dificultad de encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y el propósito de impedir que la gente fomente las actividades terroristas.
3. Permitir al Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, CSIS, desarrollar “mensajes contrarios” o “interrumpir actividades”
El proyecto de ley también le da a CSIS la autorización para perturbar las actividades terroristas, incluyendo sitios radicales en Internet y cuentas de Twitter, así como la posibilidad de lanzar «contra-mensajes.» Estas acciones se llevarán a cabo dentro y fuera de Canadá.
Eso significa que los funcionarios de seguridad podrían entrar a los sitios en Internet para intervenir en las comunicaciones enviadas a las personas sospechosas de haber sido radicalizadas. También incluye la autorización para interferir con los planes de viaje, las transacciones financieras o la interceptación de bienes.
En caso de haber una amenaza a los derechos legales de la persona, una orden judicial será necesaria cuando se trate de un ciudadano canadiense o un residente permanente. En el caso de los no-canadienses fuera del país, las autoridades dijeron que dependerá de un análisis jurídico de la situación.
Un ejemplo de estos nuevos poderes sería interrumpir una llamada telefónica entre los sujetos. También podría significar que CSIS entre en contacto con miembros de la familia de un sujeto y con sus amigos para disuadir a la persona de participar en actividades terroristas e informar a la Real Policía Montada sobre sus sospechas. Sin embargo, no existe una definición de «interrumpir» en la legislación, dejando la palabra sujeta a la libre interpretación.
El proyecto de ley obligará al Comité de Supervisión de Inteligencia y Seguridad, SIRC, encargada de la supervisión de CSIS, que presente anualmente un informe sobre las actividades de interrupción llevadas a cabo.
4. Retiro de contenido «terrorista» de la red Internet
La medida de «incautación de propaganda terrorista» permitirá que los funcionarios le pidan a los tribunales una orden para llevar a cabo la incautación, o forzar a un sitio Internet a retirar «cualquier material que promueva o aliente la ejecución de actos de terrorismo contra los canadienses en general, o la comisión de un ataque específico contra canadienses «, según documentos proporcionados a los periodistas.
Esto ampliaría una medida que actualmente le permite a un tribunal dictar una orden de eliminación de la pornografía infantil y la propaganda del odio. El consentimiento de un fiscal será necesario para que el tribunal considere esta solicitud.
5. No divulgación de los procesos judiciales
Actualmente, la División 9 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados le permite al gobierno pedir al tribunal la no divulgación de la información clasificada en los procedimientos de inmigración a fin de proteger las técnicas de investigación y los testigos. Pero este procedimiento se aplica al final de un proceso judicial. La medida le permitirá al gobierno solicitar el sellado de la documentación en cualquier momento del proceso.
6. Expande la lista de personas que no pueden tomar un avión
El proyecto de ley permitiría al gobierno añadir a la lista de personas que no pueden volar el nombre de cualquier individuo que las autoridades estimen que podría estar viajando para participar en actos de terrorismo, y definirá el proceso de apelación.
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