El organismo de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional, denunció este miércoles el alto nivel de impunidad y la creciente militarización en América Latina registrada en 2014, en respuesta al recrudecimiento de las protestas antigubernamentales en países como México o Venezuela.
En su informe 2014/15, la organización indicó que la región «pareció retroceder» en materia de respeto a los derechos humanos en los dos últimos años, cuando «en un país tras otro, la gente tomó las calles para protestar contra las prácticas estatales represivas».
«Las manifestaciones constituyeron un auténtico desafío público a los altos niveles de impunidad y corrupción y a las políticas económicas que favorecían a unos pocos», agregó.
Estas protestas, especialmente en México, Venezuela y Brasil, se produjeron «en un contexto de erosión del espacio democrático y de una persistente criminalización de la disidencia», con una respuesta «cada vez más militarizada» por parte del Estado a las demandas sociales y políticas, señaló Amnistía Internacional.
La situación en México fue considerada la más alarmante, con gran preocupación por la impunidad y los numerosos casos denunciados de tortura.
«Según datos oficiales, más de 22.000 personas permanecían secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas los 43 estudiantes del Estado de Guerrero», detalló el informe en referencia a un caso de complicidad entre autoridades locales y delincuentes organizados que conmocionó a la opinión pública mundial.
Los altos niveles de violencia que vive México han derivado en el despliegue de tropas armadas para llevar a cabo labores policiales, en ocasiones sin una rendición de cuentas efectiva y en medio de un incremento de las acusaciones de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional criticó a Venezuela el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado para acallar las protestas populares, que dejaron al menos 43 muertos y 870 heridos en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
También denunció el aumento de las detenciones y reclusiones arbitrarias, así como las «injerencias gubernamentales» en el sistema judicial venezolano.
Brasil fue otro epicentro regional de las protestas, con miles de personas marchando contra el alza de los precios del transporte público, el elevado gasto en eventos deportivos como el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro de 2016 y la escasa inversión en servicios públicos.
La policía brasileña fue acusada del uso excesivo de la fuerza en las concentraciones pacíficas, con cientos de personas detenidas y recluidas de forma arbitraria.
En cuanto a Colombia, el documento destacó los avances en las negociaciones de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), si bien «ambas partes seguían cometiendo violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario».
En el resto de países de la región, AI reflejó sobre todo las trabas a los derechos reproductivos de las mujeres, la discriminación de los pueblos indígenas y las acciones que obstaculizan los juicios por crímenes ocurridos bajo las dictaduras militares.
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