Con 131 votos a favor y 71 en contra, este jueves la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley para la creación de una nueva agencia de inteligencia.
Esta decisión se produce después de que el servicio de espionaje de ese país se convirtió en centro de atención y polémica tras la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida el pasado 19 de enero, quien presentó denuncias contra la presidenta Cristina Fernández.
El voto se llevó a cabo tras un intenso debate que duró casi siete horas entre las diferentes fuerzas políticas presentes en el recinto legislativo.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, declaró en rueda de prensa que «esta iniciativa permite saldar una deuda que tenía la democracia en Argentina, promoviendo la transparencia desde el punto de vista del control y supervisión de recursos.»
El proyecto, que ya había sido aprobado este mes por el Senado, estipula un mayor control de las escuchas telefónicas y de los gastos de la agencia, a la que el Gobierno vinculó con la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero.
Para su entrada en vigor es necesaria la promulgación del Gobierno, que se espera se llevará a cabo en un corto plazo. Posteriormente se establecerá un breve período para organizar la estructura de la nueva Agencia federal de inteligencia argentina (AFI).
Algunos funcionarios culparon a sectores de la disuelta central de inteligencia de haber entregado información falsa a Nisman para hacer posible la elaboración de la denuncia presentada contra la presidenta Cristina Fernández y su canciller, Héctor Timerman, que fueron acusados de encubrir a los responsables de un atentado ocurrido en Buenos Aires en 1994 contra la Mutual argentina-israelí AMIA, que dejó 85 muertos.
El pasado 19 de enero el cuerpo Nisman, quien investigó durante más de una década ese atentado, fue hallado con un disparo en la cabeza y un arma a su lado. El caso quedó en manos de un grupo de fiscales.
La muerte del fiscal aún no ha sido esclarecida, aunque la principal hipótesis es la del suicidio. Los investigadores tampoco descartan la posibilidad de un asesinato o un suicidio inducido.
El caso involucra un acuerdo firmado hace dos años entre Argentina e Irán para investigar el atentado, al que se oponían varios agentes de inteligencia liderados por el espía Antonio Stiuso, retirado de la agencia de espionaje en diciembre pasado.
Según el Gobierno, Stiuso tenía vínculos fluidos con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Stiuso fue acusado de contrabando y fraude fiscal por parte de las autoridades argentinas.
Distintos líderes de la región manifestaron su apoyo a la presidenta argentina. Su homólogo boliviano, Evo Morales, declaró que Cristina Fernández enfrenta “un golpe judicial” y denunció que la derecha más reaccionaria en ese país trasandino intenta, con apoyo de potencias foráneas, aplastar el proceso de cambio en Argentina y derrocar a su gobierno progresista.
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