La publicación canadiense independiente en internet, The Tyee, presentó esta semana un texto de opinión escrito por Michael Geist en el que se critica severamente las acciones del Comité parlamentario encargado de revisar la propuesta del gobierno federal de una nueva ley antiterrorista.
El Comité de la Cámara de los Comunes encargado de estudiar la Ley C-51, la legislación antiterrorista, concluyó sus tareas la semana pasada. Teniendo en cuenta los esfuerzos del gobierno para hacer aprobar ese proyecto con la mayor rapidez y el menor disenso posible, no es una sorpresa constatar que ese comité rechazó las más de 100 enmiendas propuestas por los partidos de oposición.
Por su lado, el gobierno aprobó tres modificaciones menores. Sin embargo, la propuesta de garantizar que los jueces consideren fundamentales el Estado de Derecho y la Justicia es, desde la óptica conservadora, una barrera que impide proteger a los canadienses.
Por otro lado, el crear en el Departamento de Seguridad Pública un puesto para coordinar el acercamiento hacia las comunidades y luchar contra la radicalización es visto por los conservadores como un intento de establecer otra burocracia.
El gobierno del primer ministro Stephen Harper dejó en claro que toda crítica a su proyecto de ley es considerada como una amenaza para la lucha contra el terrorismo.
Una revisión de los cientos de páginas de transcripciones de audiencia de este Comité reveló un notable esfuerzo por ignorar y dejar de lado las preocupaciones en torno a la Ley C-51, que permite la distribución de información personal sin una supervisión efectiva y establece nuevas reglas que permitirían a los jueces violar la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
El Comité del Parlamento canadiense encargado de estudiar la legislación antiterrorista escuchó a 49 testigos externos a lo largo de 16 horas. Durante ese tiempo, los diputados conservadores hicieron sólo 25 preguntas sobre aspectos específicos en el proyecto de ley. De hecho, los críticos del proyecto de ley fueron sencillamente ignorados, recibiendo un total de tres preguntas sobre las disposiciones de la Ley C-51.
El Colegio de Abogados de Canadá, que representa a miles de abogados en todo el país, no recibió ninguna pregunta de parte de los diputados conservadores, quienes más bien entraron en discusión con un representante del Foro estadounidense para la democracia islámica. Su representante ni siquiera discutió la Ley C-51 durante su declaración inicial ante el Comité.
Aún más sorprendente fueron las omisiones en las audiencias de la Comisión. Doce comisionados de la privacidad canadienses, incluyendo al Comisionado federal para la protección de la vida privada, Daniel Therrien y sus contrapartes provinciales, escribieron cartas públicas instando al Gobierno de Harper a modificar su proyecto de ley mediante la adición de mejores garantías de privacidad. No solamente que sus consejos fueron ignorados, sino que el propio Therrien fue impedido de presentarse ante el Comité controlado por los conservadores.
Aquellos que sí comparecieron y se enfrentaron a las preguntas de los parlamentarios conservadores fueron a menudo objeto de críticas sobre sus verdaderas intenciones. La diputada conservadora Diane Ablonczy le preguntó un testigo si su organización estaba comprometida a luchar contra el terrorismo; otro conservador, Rick Norlock preguntó a otro participante si se oponía a retirar a los terroristas de las calles; y el diputado LeVar Payne desestimó regularmente las preocupaciones sobre el impacto del proyecto de ley en los manifestantes, argumentando que la Policía Montada y CSIS estaban simplemente demasiado ocupadas como para preocuparse por estas cuestiones.
No hubo preguntas similares para los partidarios del proyecto de ley, a pesar de que una revisión superficial de las organizaciones dio resultados inquietantes. Por ejemplo, el Centro para Políticas de Seguridad, fundado por un líder del movimiento que negaba que Obama hubiera nacido en Estados Unidos y quien también expresó su preocupación sobre “la cada vez más evidente y preocupante sumisión de Estados Unidos al Islam.» Varios otros grupos canadienses se centraron principalmente en restringir la inmigración, incluyendo el Centro de Política de Inmigración, que ni siquiera tiene un sitio en internet en funcionamiento.
Pese a los esfuerzos de buena fe para mejorar una pieza importante de la legislación canadiense, el gobierno conservador manejó el proceso del Comité como si fuera un montaje teatral, lo que llevó a un comentarista a lamentar que Canadá tiene ahora «una legislatura de pantalla diseñada para engañar a los turistas y a los dignatarios visitantes.»
El aspecto más extraño del evidente esfuerzo el gobierno conservador por socavar el proceso de revisión legislativa es comprobar lo innecesario de tal ejercicio democrático. Con un gobierno que tiene la mayoría de los diputados, los conservadores tienen los votos necesarios como para aprobar cualquier legislación que se les ocurra.
Un proceso de revisión abierto e inclusivo podría haber inspirado una mayor confianza de los canadienses en el proyecto de ley antiterrorista. En su lugar, el proceso ha sido ridiculizado en momentos en que aumentan las voces que demandan un examen más exhaustivo del proyecto de ley antiterrorista presentado por los conservadores de Harper, dice finalmente el artículo de opinión escrito por Michael Geist, difundido esta semana en la publicación canadiense independiente en internet, The Tyee, de Vancouver, en Columbia Británica.
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