La Corte Suprema de Canadá se pronunciará hoy sobre la constitucionalidad de uno de los aspectos del programa “ley y orden” del gobierno conservador de Stephen Harper: las penas mínimas obligatorias por posesión de armas prohibidas.
Las disposiciones actuales prevén una condena mínima de 3 años para cualquier persona que tenga en su posesión un arma prohibida o de autorización restringida. La pena pasa a 5 años en caso de reincidencia. Estas medidas se aplican aunque el arma esté descargada, en el caso en que las municiones se encuentren cerca.
En 2013, la Corte de Apelaciones de Ontario estatuyó que estos artículos eran anticonstitucionales. Según el tribunal, no hace ninguna distinción entre, de una parte, los que deambulan en público con un arma cargada, y de otra parte, los propietarios de armas de utilización restringida que las guardan en una residencia secundaria en vez de la residencia principal, como deberían hacerlo según su permiso.
La Corte de Apelaciones de Ontario había estudiado 6 causas reagrupadas y la Corte Suprema estudió solo dos casos, por los que la fiscalía apeló. El de Hussein Nur, detenido en la calle y condenado a 3 años de cárcel por posesión de un arma corta prohibida y operacional. Y el de Sidney Charles, que fue condenado a 5 años de cárcel después que la policía le hubiera confiscado lun arma semi automática cargada y municiones en el cuarto que ocupaba en una pensión. En los dos casos, los detenidos no tenían permiso de porte de armas, que de hecho no estaban registradas.
Ambos se declararon culpables en 2010, pero cuestionaron el régimen que prevé penas mínimas obligatorias. La Corte de apelaciones de Ontario mantuvo su sentencia, pero rechazó la obligación de imponer esas penas, alegando que esto podría dar lugar a condenaciones demasiado severas para infracciones menores.
El artículo 12 de la Carta de derechos y libertades estipula que las personas tienen derecho a protección contra cualquier tratamiento o pena cruel e inusitada.
Las penas mínimas, cuya constitucionalidad es cuestionada, están vigentes desde 2008 y entran en un “proyecto ómnibus” de ley sobre la criminalidad que apunta a reforzar el régimen de libertad condicional y a pasa a 16 años la edad de consentimiento para las actividades sexuales.
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