Una comisión de la Asamblea Nacional de Panamá determinó que un magistrado de la Corte Suprema de ese país será investigado por la presunta venta de fallos judiciales y abuso de menores.
Este caso es el más reciente escándalo de una oleada de casos de corrupción que salieron a la luz pública en la nación centroamericana.
Los diputados consideraron que existen razones suficientes como para procesar la denuncia contra el juez Víctor Benavides, a quien un antiguo empleado acusó de delitos contra la administración pública y contra la libertad e integridad sexual.
«Con ocho votos a favor (y un voto salvado) se decidió la admisión de la denuncia en torno al caso del magistrado Benavides», declaró el presidente de la Comisión de Credenciales, Luis Barría, tras un debate de varias horas.
La decisión abre las puertas para recabar pruebas antes de decidir si el caso será presenta al plenario del Congreso, ya que hasta el momento la denuncia se sustenta en la acusación de Vicente Caballero, ex escolta y chofer del magistrado Benavides, quien fue condenado a 15 años de cárcel por secuestrar a la madre de su antiguo jefe.
Según Caballero, el juez incurrió en «actos sexuales e inmorales con niños» y afirmó que él mismo se encargaba de depositar en varias cuentas los sobres con dinero que le entregaban por vender ayudas judiciales.
Este es el segundo magistrado de la Corte Suprema panameña que es investigado por los legisladores, desde que el ex presidente del máximo tribunal, Alejandro Moncada, fuera condenado en febrero a cinco años de prisión por negociar favores judiciales y enriquecimiento ilícito.
El ex presidente Ricardo Martinelli y algunos de sus más cercanos colaboradores también están siendo investigados por denuncias de malversación de fondos públicos durante su mandato, que finalizó el año pasado.
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