La actividad minera constituye una de las inversiones económicas más visibles de Canadá en América Latina. Numerosos proyectos en una variedad de países son, en la actualidad, la marca de la presencia de Canadá en el territorio latinoamericano.
Iniciativas que podían aportar su grano de arena al desarrollo económico de las naciones del sur y la fama canadiense de respeto por los derechos de las personas y del medioambiente, hicieron que numerosos proyectos fuesen recibidos con los brazos abiertos.
No obstante, lo que en un primer momento parecía destinado a convertirse en una asociación económica fructífera, pronto degeneró en una situación en la que los abusos de poder, la violación de las leyes y normas nacionales y el intento de avasallamiento de la autonomía y de los derechos de las personas coparon el escenario.
Es el caso de El Salvador, donde funcionarios públicos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales denuncian a la firma Oceana Gold, responsable de uno de los principales proyectos mineros en ese país centroamericano.
La contaminación del agua, la destrucción de la tierra y los abusos en materia de derechos laborales son sólo algunas de las acusaciones que se hacen contra la firma australiano-canadiense.
El Salvador tiene el 95 por ciento de sus recursos hídricos contaminados, padece la estrechez de un territorio cada vez más devastado y la minería amenaza la supervivencia de los agricultores.
En la actualidad, la nación centroamericana enfrenta una demanda de la firma minera por 301 millones de dólares, en concepto de resarcimientos por el perjuicio económico que sostiene haber padecido ante la moratoria decidida por las autoridades salvadoreñas respecto a los proyectos de minería.
Los detalles en la entrevista que Luis Laborda, de RCI, realizó a Yanira Cortez, Procuradora Adjunta para la Defensa del Medioambiente de El Salvador, y Marco Gálvez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de ese país.
Fotos gentileza de canadians.org
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