Stephen Harper, primer ministro de Canadá.
Photo Credit: DRC/PC/Sean Kilpatrick

«El gobierno que nunca se arrepiente»

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El periódico canadiense publicado en francés en la provincia de Quebec, Le Devoir, presenta en sus páginas este viernes un artículo de opinión firmado por Josée Boileau, bajo el título “El gobierno de Harper jamás se arrepiente.

Josée Boileau sostiene que hay un hilo conductor entre los casos tan diversos como el de Omar Khadr, las acciones de la Policía Federal canadiense y la reescritura retroactiva de las leyes en el país.

Estos elementos reflejan una misma manipulación de la ley y el orden que va en contra de los deberes democráticos más elementales. Por esta razón, el gobierno de Harper es peligroso, sostiene el artículo de opinión en el periódico canadiense Le Devoir.

¿Cuántos contrapoderes se necesitan para poder controlar a un desenfrenado gobierno conservador en Ottawa? ¿Hasta dónde puede llegar la actitud de impunidad de parte de los ministros en una democracia? ¿Qué otro abuso sacudirá finalmente de su apatía al electorado canadiense? Todas estas interrogantes surgieron este jueves en que eran noticia tres historias inquietantes sobre la administración del primer ministro canadiense, Stephen Harper.

La decisión de la Corte Suprema en el caso de Omar Khadr, la tercera emitida por esta Corte, y pronunciada después de sólo 30 minutos de deliberación, fue un nuevo revés para Ottawa.

El gobierno de Harper decidió hacer de Omar Khadr el prototipo del terrorista al que hay que destruir, negándose a reconocer lo que Khadr era cuando lanzó una granada mortal a los 15 años: un niño soldado.

Afortunadamente, hay jueces que pueden ver lo que es evidente y afirmar que Khadr no puede ser tratado como un delincuente adulto. La velocidad de la decisión de la Corte Suprema canadiense, que fue de una gran una rareza, dijo mucho sobre el caso.

Pese a este fallo, el ensañamiento judicial de los conservadores contra el joven canadiense continúa, pese a que fue encarcelado, abusado y torturado durante 13 años, y pese a todas las derrotas judiciales que ha sufrido el actual gobierno canadiense.

Para los conservadores en el poder, Khadr es el diablo, y debe seguir siéndolo. Hay que atizar el fuego del infierno para convencer a los canadienses de que el gobierno de Harper es un valiente caballero que lucha contra el mal. Para conseguir este objetivo, el Gobierno se las arregla con la policía.

De esta manera la necesidad de una ley antiterrorista se ilustra mejor si se muestra primero el video del autor del tiroteo en el Parlamento, Michael Zehaf-Bibeau, video retenido durante semanas por la Policía Federal canadiense, y después se muestra el estudio que justifica esa ley.

La Policía Federal declaró en marzo pasado que la simultaneidad de los dos eventos fue una casualidad, ya que la Real Policía Montada es un ente independiente de la política. Resulta que no fue así. De acuerdo al periódico Ottawa Citizen, la difusión de ese video fue orquestada por la Policía Federal canadiense. La combinación entre la policía y la política es siempre un terreno peligroso.

Además de apuntar injustamente a individuos, además de utilizar a la policía con fines políticos, ¿qué es lo peor que se puede hacer en una democracia? Reescribir las leyes para encubrir, después de los hechos, los delitos cometidos por las entidades estatales. Los conservadores han dado ese paso.

Pese a que el gobierno canadiense le había asegurado a la Comisionada de Información de Canadá, Suzanne Legault, que los datos del registro de armas no serían destruidos, esos documentos fueron efectivamente destruidos por la Real Policía Montada, con la aprobación del gobierno de Harper.

Tanto Omar Khadr como ese registro de armas se convirtieron en objeto del mismo odio, de la misma obsesión, escribe Josée Boileau.

Para encubrir ese acto ilegal, los conservadores ahora tienen la intención de modificar las disposiciones que prohibían semejante destrucción de datos. Esto mediante la utilización de un proyecto de ley de presupuesto federal, ley que será de carácter retroactivo y que brindará inmunidad a quienes rompieron la ley.

Nunca se había visto semejante acción en la historia de Canadá, el reescribir la historia. Se trata de un precedente peligroso.

Esta situación es un llamado a todos los diputados para que cumplan con sus responsabilidades ante esta maniobra de prestidigitación jurídica.

Los abogados, incluyendo la Comisionada de Información de Canadá, Suzanne Legault, no saben cómo contener su indignación. Sin embargo, para el primer ministro Harper y el ministro Steven Blaney, el modificar las leyes con carácter retroactivo para borrar un delito es apenas una banalidad administrativa.

¿Entonces qué es lo que se puede hacer?, se pregunta Josée Boileau en su artículo de opinión en Le Devoir.

Ella dice que primero hay que acudir a la Corte Federal, que hallará culpable al Gobierno conservador. Éste, a su turno, acudirá a la Corte Suprema, la que a su vez le dará otro revés, que se sumará a las varias derrotas legales acumuladas por el gobierno de Harper. ¿Cuándo terminará todo esto?, se pregunta finalmente Josée Boileau en las páginas de Le Devoir.

Categorías: Política
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