El Gobierno de México informó este jueves que indemnizará con más de tres millones de dólares a los familiares de 15 personas que fueron ejecutadas por militares a mediados del año pasado, en un caso que cuestionó severamente el rol del Ejército.
Las autoridades mexicanas repartirán este monto en principio entre unas trece familias de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, ubicado en el Estado de México, que rodea a la capital.
Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), declaró que esta es la primera vez que el Gobierno acepta indemnizar de esta forma a familias por una situación tan grave.
Dos de las quince víctimas aún no fueron identificadas. Por esta razón, el dinero del resarcimiento será entregará una vez establecida la identidad de esas dos personas.
Cuando se produjo la matanza, el Gobierno alegó que militares abrieron fuego en defensa propia contra 22 presuntos criminales que fueron abatidos, incluyendo una menor de edad.
Meses después medios extranjeros revelaron indicios que señalaban que hubo ejecuciones extrajudiciales. La revista estadounidense Esquire publicó el testimonio de una joven que aseguró que los militares dispararon a quemarropa contra los detenidos, quienes ya se habían rendido a las autoridades.
Las autoridades determinaron que en el caso de los otros siete muertos del grupo de 22, no se trató de ejecuciones extrajudiciales.
En octubre de 2014, el ex procurador federal, Jesús Murillo, dijo que tres militares irían a prisión por su presunta participación en el caso, acusados por el delito de homicidio.
Este hecho hizo tambalear al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la segunda mitad del año pasado, sobre todo después de que 43 estudiantes fueron presuntamente secuestrados por policías y masacrados por un grupo criminal en el sureño Estado de Guerrero.
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