Entre los delincuentes señalados por el FBI, se encuentran tres profesores universitarios que Estados Unidos acusa del robo de secretos tecnológicos para compañías y universidades chinas.
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La historia se remonta a la época de estudiante de este ciudadano chino. Cuando Hao Zhang realizaba sus estudios de doctorado en una universidad californiana, conoció a Wei Pang, otro profesor de la Universidad de Tianjin. Estos dos universitarios realizaron investigaciones y trabajaron en el desarrollo de tecnología inalámbrica que permite a los teléfonos celulares y otros tantos dispositivos, filtrar señales no deseadas. Este programa estaba financiado por la Agencia de Desarrollo Avanzado de Defensa de los Estados Unidos, más conocida como DARPA. A partir del año 2005, y tras la obtención de su doctorado, Pang y Zhang comenzaron a trabajar en dos conocidas empresas tecnológicas; en Colorado y Massachusetts respectivamente. En el 2006 crearon un plan de negocios junto con otro de los acusados por el FBI para comenzar la fabricación de este tipo de tecnología en China. El tema es que todos los datos, códigos fuente, presentaciones, estudios y documentos utilizados eran confidenciales y estaban bajo licencias de las empresas locales donde estos ciudadanos chinos trabajaban. En el año 2009, ambos dejaron sus trabajos en los Estados Unidos y se establecieron en Tianjin, en el noreste chino. Ese mismo año, comenzaron a trabajar como docentes en la universidad local, completando esta trama de robo de información. Luego, con cuatro cómplices locales, establecieron una empresa para producir esa tecnología.
Los imputados en este caso son tres responsables de la empresa ROFS Microsystems, y tres profesores de la Universidad tecnológica de Tianjin.
Según uno de los fiscales que trabajan en el caso, “los acusados aprovecharon su acceso y conocimiento confidencial de tecnologías estadounidenses para obtener ilegalmente y compartir secretos comerciales de Estados Unidos con China, logrando un beneficio económico”. El FBI imputa a los acusados de “conspiración para cometer espionaje económico”, conspiración para robar secretos industriales”, 15 cargos de “espionaje económico” y otros 15 por “robo de secretos comerciales.
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La pena máxima por conspiración y espionaje económico es de 15 años de prisión y una multa de 500 mil dólares o el doble de las pérdidas de las víctimas. En cuanto a la complicidad por espionaje económico conlleva las mismas penas máximas. Los cargos por robo de secretos comerciales llevan cada uno una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares o el doble de la pérdida sufrida por la empresa. Es decir que si los acusados son encontrados culpables, podrían confrontar una pena de hasta 50 años de prisión.
Cabe destacar que este no es el primer caso de acusación de espionaje contra ciudadanos chinos por parte de las autoridades estadounidenses. A mediados del 2014, Estados Unidos había abierto una disputa contra China por espionaje industrial y por “piratería informática” denunciando a cinco altos mandos militares.
Si bien la relación entre Estados Unidos y China es compleja desde varios puntos de vista, el espionaje industrial es quizás una de las fuentes principales de tensión diplomática. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama sigue intentando mantener tranquilas las aguas de las relaciones diplomáticas y espera a fines del 2015, la visita del presidente chino en suelo norteamericano.
BBC, CNN, La Nación, Agencias.
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