El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, tomó distancia del reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que sostiene que el envío forzoso de niños indígenas y el trato que se les dio en los denominados pensionados autóctonos constituyó un “genocidio cultural”.
El mandatario canadiense habló en su lugar de “asimilación forzada”, para referirse al desarraigo e internación de los menores en los pensionados en los que fueron sometidos a todo tipo de vejámenes.
La oficina de Harper se negó a precisar si las declaraciones implican que el jefe del gobierno federal tiene la intención de negarse a suscribir el informe elaborado por la comisión.
El documento fue bien recibido por los principales líderes de las diversas fuerzas políticas de oposición.
Tras la difusión del informe, el jefe de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Belgrade, dijo que “es tiempo de pasar a la acción”, remarcando la necesidad de avanzar más allá de las declaraciones y de las promesas.
Belgrade reconoció las excusas presentadas por la administración federal en 2008, pero aclaró que las mismas no tienen ningún valor si no van acompañadas de una acción que las sustente.
Los pensionados autóctonos eran instituciones que funcionaron entre fines del siglo 19 y la década de 1980, donde los niños indígenas eran internados a la fuerza, tras ser separados de sus familias, con el presunto objetivo de integrarlos a la sociedad, y en donde fueron sometidos a distintas formas de abuso que incluyeron la violencia sexual, física y emocional.
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