El Secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, designó un comité independiente este lunes, para examinar la gestión por la Organización de Naciones Unidas de las alegaciones de agresiones sexuales sobre niños cometidas por soldados franceses en la República Centroafricana.
El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, anunció que el comité será presidido por la ex jueza de la Corte Suprema de Canadá, Marie Deschamps, que presentó esta primavera un informe abrumador sobre el mal comportamiento sexual en el ejército canadiense.
El comité contará también con Hassan Jallow, de la República de Gambia, actual procurador del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y con Yasmina Sooka, directora general de la Fundación para los Derechos Humanos en Sudáfrica.
Stéphane Dujarric dijo que el comité comenzará sus trabajos en julio y presentará su informe, que será hecho público, en un plazo de 10 semanas.
Los documentos confidenciales mostraron que los altos responsables de los derechos humanos en Naciones Unidas habían actuado solo después de 6 meses en lo que respecta a las alegaciones de agresiones sexuales recibidas por el personal de Naciones Unidas, mientras que las autoridades francesas pedían más información.
Francia inició el mes pasado una investigación judicial formal.
Las fuerzas francesas llegaron a la República Centroafricana a finales de 2013 y tenían un mandato de Naciones Unidas para apoyar una operación de mantenimiento de la paz de la Unión Africana, que fue reemplazada por una misión de la ONU en septiembre pasado. Los soldados franceses no estuvieron nunca bajo el mando de Naciones Unidas.
La ONU fue informada hace un año, de alegaciones de la parte de niños, algunos de solo 9 años, de agresiones sexuales contra ellos por parte de los soldados franceses, algunas veces a cambio de productos alimentarios.
Desde entonces, la única persona que ha sido sancionada es Anders Compass, el empleado de Naciones Unidas que advirtió a las autoridades francesas.
Stéphane Dujarric afirmó que el comité examinará la justeza de los procedimientos de Naciones Unidas incluyendo “toda alegación de abuso de autoridad o de represalia por altos responsables”.
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