Decenas de oficiales del ejército colombiano involucrados hace 10 años en las ejecuciones extrajudiciales de 3.000 civiles, acusados falsamente de formar parte de la guerrilla (o falsos positivos, como se llamó a este escándalo en Colombia), nunca fueron castigados e incluso siguieron ascendiendo en la jerarquía militar, denunció este miércoles la organización estadounidense de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, HRW.
El informe de 95 páginas, publicado por esta organización neoyorquina hace la descripción más completa que se conozca hasta ahora, de las ejecuciones cometidas por el ejército colombiano (apoyado por Estados Unidos) y de los procedimientos judiciales iniciados contra militares que sabían que sus promociones y primas dependían del número de rebeldes muertos.
Y aunque más de 800 soldados fueron condenados con relación al caso de los falsos positivos, se trata mayoritariamente de militares de bajo rango. Ningún oficial responsable de una brigada, ni nadie de más alto rango en la cadena de mando fue acusado, afirma HRW.
Estas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas entre 2002 y 2008, mientras que la ofensiva militar contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, estaba en pleno apogeo.
Entre los principales oficiales en la mira de Human Rights Watch se encuentran dos de los militares más conocidos en Colombia: el general Juan Pablo Rodríguez, actual comandante de las Fuerzas Armadas y el general Jaime Lasprilla, comandante del ejército.
Los políticos de izquierda reaccionaron al informe de HRW y reclaman una investigación completa. El presidente Juan Manuel Santos rechazó el informe y defendió a los dos oficiales reprochando a HRW de tratar de manchar sus nombres sin pruebas. Y agregó que el Procurador general del país confirmó que los dos generales no son objeto de ninguna investigación y no tienen antecedentes judiciales.
Human Rights Watch por su parte, afirma que aunque los oficiales no participaron directamente en las ejecuciones, autorizaron los desplazamientos de las tropas y los pagos efectuados a los soldados.
Finalmente, el documento de HRW pide una protección más importante para los testigos cuyos testimonios puedan amenazar a oficiales del ejército.
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