El ministerio Fiscal federal de Brasilia abrió este jueves una investigación contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), acusado de tráfico de influencias, en favor de una empresa de trabajos públicos, tras haber abandonado el poder.
“Un presunto tráfico de influencias del ex presidente Lula sobre dirigentes de otros países en favor del constructor Odebrecht es objeto de una investigación”, declaró a AFP un responsable de prensa del ministerio público federal de Brasilia.
La encuesta se abrió el 8 de julio, tras un proceso preliminar sobre las actividades de Lula, quien por el momento no será llamado a ofrecer testimonio, agregó la portavoz.
José Chrispiniano, portavoz del Instituto Lula de Sao Paulo, declaró a AFP “estar tranquilo. El Instituto Lula está seguro de la transparencia y la legalidad de las actividades del ex presidente Lula”.
Sin embargo, el organismo se sorprendió de la rapidez con que la decisión judicial fue tomada: “suministramos todas las informaciones pedidas a la procuradora Mirella de Carvalho Aguiar el fin de semana pasado y encontramos extraño que en tan poco tiempo, ella haya analizado todo el material”.
Según la justicia, Lula habría utilizado su influencia internacional para que Odebrecht, gigante brasileño del BTP, obtuviera contratos en países de América Latina y África de 2011 a 2014.
En mayo, un reportaje del semanario Época afirmaba que muchos de sus jugosos contratos eran financiados por el Banco Público de Desarrollo BNDES, donde Lula habría intervenido para facilitar el acceso al crédito.
Odebrecht habría financiado viajes de Lula en países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Gana, donde la empresa tenía interés de obtener contratos, según Época.
Gil Castello Branco, secretario general de la ONG Contas Abertas (Cuentas Abiertas) que milita por una gestión transparente de las finanzas públicas, declaró a AFP que “esta investigación del ministerio Fiscal de Brasilia muestra que las instituciones funcionan”.
Marcelo Odebrecht, presidente del gigante BTP, está en prisión desde el 19 de junio, bajo sospecha de pertenecer a una red de corrupción en el seno del grupo público petrolero Petrobras que habría costado dos mil millones de dólares a la compañía faro de Brasil.
Según la investigación policiaca en curso, denominada “Lavado rápido”, algunas empresas se repartían entre 2004 y 2014 los mercados de Petrobras, pagando a los directores de compañías a cambio de contratos.
Una parte de esas comisiones era vertida a personalidades políticas, en su mayoría diputados y senadores de la coalición de centro izquierda en el poder y particularmente al ex tesorero del Partido de Trabajadores (PT) de la presidente Dilma Rousseff y el ex presidente Lula.
La justicia de Sao Paulo rechazó recientemente una solicitud preventiva de “habeas corpus” de un particular para evitar una eventual detención de Lula en el marco de “Lavado rápido”.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.