Los canadienses se aprestan para una nueva elección federal.
Si bien los comicios están previstos para el mes de octubre próximo, el inicio de campaña parece haberse adelantado y son varios los temas que se encuentran en el debate: los recortes presupuestarios,la marcha de la economía, la cuestión climática, el terrorismo y la seguridad…
Por estos días, un fallo de un tribunal de Ontario parece haber sumado otra cuestión a la discusión.
La Corte de Apelaciones de esa provincia canadiense se manifestó a favor de una norma que impide a los ciudadanos que residan desde hace más de 5 años en el exterior votar en comicios federales.
El pronunciamiento se obtuvo mediante 2 votos a favor y uno en contra.
Nada nuevo
Si bien el debate surgió en estos días, en realidad los límites al ejercicio del derecho al voto para los canadienses en el extranjero datan de hace algunos años.
La norma correspondiente se encuentra en el Acta Electoral Canadiense desde 1993, aunque había sido suspendida en 2014 por la Corte Superior de Ontario.
Dicha disposición se ha convertido en una práctica corriente, pero el bajo número de personas que deciden ir a las urnas en el extranjero ha servido, posiblemente, para que la misma pasase casi inadvertida.
¿Por qué ahora?
El asunto volvió a estar en el eje de la atención pública a partir del reclamo de dos particulares, ciudadanos canadienses ambos, pero que residen y trabajan desde hace largo tiempo en Estados Unidos, a donde se habían mudado inicialmente para proseguir sus estudios.
Ante la pérdida del derecho a sufragar en las elecciones, Jamie Duong y Gillian Frank, originarios de Montreal y Toronto respectivamente, realizaron una demanda legal para revertir la situación.
Al menos por el momento, sus argumentos no lograron convencer a los magistrados.
Fundamento
¿Qué llevó a los jueces a revocar un derecho que es aceptado en numerosas naciones, incluso en muchas cuyo grado de desarrollo democrático no podría compararse al de la sociedad canadiense?
El argumento usado por los magistrados tiene que ver con la noción de “contrato social”.
En efecto, los jueces consideraron que las personas que viven por largo tiempo en el exterior no están sujetas a las condiciones de vida que rigen a sus conciudadanos que permanecen en el territorio canadiense y, por consiguiente, las decisiones que toman no tienen consecuencias inmediatas y directas iguales para todos. Uno de los magistrados que se expresó a favor de la limitación del derecho de voto, George Strathy, argumentó que quienes no comparten la vida diaria de los canadienses no están sujetos a las mismas vicisitudes, condiciones, obligaciones, etc, y entonces se encuentran fuera del contrato que rige a los demás. En ese caso, las consecuencias de las decisiones adoptadas, como la de elegir un gobernante, no los afecta de la misma manera.
¿Ser o no ser… ciudadano?
A partir de la decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones de Ontario, ser ciudadano no es una condición suficiente para asegurarse el derecho al voto.
Los magistrados hicieron hincapié en la pertenencia territorial como una condición de importancia, ya que es el territorio el que asegura estar sujeto a las condiciones de vida a la que hicieron referencia en su dictamen.
De ser así, por qué no permitir el voto a los residentes permanentes, por ejemplo, quienes hacen de la territorialidad su herramienta primordial de pertenencia.
Le trasladamos la pregunta al profesor Duff Conacher, experto en derecho constitucional de la Universidad de Ottawa, quien en diálogo con Luis Laborda arriesga que la Corte Suprema podría revertir en el futuro este fallo.
Escuche
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