Mañana, Venezuela y Colombia realizarán un encuentro de alto nivel para tratar de solucionar la crisis generada por el cierre de la frontera entre los dos países.
Según los medios de comunicación de ambos países, desde que se cerró la frontera, centenas de colombianos -indocumentados o sin permiso legal para estar en territorio venezolano- han sido deportados hacia su país de origen.
Desde el pasado viernes, el gobierno venezolano tomó la decisión de cerrar la frontera y declarar el estado de excepción constitucional en el Estado Táchira –en la zona fronteriza con Colombia- con el objeto de “restablecer el orden, la paz y la tranquilidad” en la zona limítrofe entre los dos países.
Martín Movilla habló con el periodista Felipe Gómez Maldonado, en Bogotá, la capital colombiana, sobre lo que se dice en ese país de la situación actual.
EscucheDe igual forma, hablamos con Carlos Narvaez, un cineasta canadiense de origen venezolano, sobre el mismo hecho y lo que se dice desde venezuela.
EscucheContexto
Históricamente, la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido un punto de discordia entre las dos naciones.
Además de los diferendos limítrofes -que persisten desde la disolución de la Gran Colombia- colombianos y venezolanos comparten la responsabilidad de cuidar una “frontera porosa” que siempre ha sido aprovechada por:
- Grupos criminales de ambos países para pasar droga,
- Las guerrillas para descansar “fuera de su país” y evitar las persecuciones de los militares colombianos,
- Los secuestradores para actuar de uno u otro lado contra los ganaderos, agricultores y comerciantes
- Y por los contrabandistas de gasolina que la roban en Venezuela –donde tiene subsidio- y la venden en Colombia.
Además, en los últimos años, se agregaron –según las autoridades militares venezolanas- los paramilitares colombianos que buscan generar el caos en la región y los contrabandistas de productos de primera necesidad que se producen más baratos en Venezuela y que son vendidos en tierras colombianas.
La decisión de cerrar la frontera
Es una decisión autónoma del gobierno de Venezuela que fue justificada en la necesidad de “retomar el control de la zona y restablecer el orden, la paz y la tranquilidad en la frontera colombo-venezolana”.
Se tomó, luego de un presunto ataque contra militares y civiles venezolanos, que según Venezuela fue ejecutado por paramilitares colombianos.
Aunque genera críticas tanto en Venezuela como en Colombia –sobre todo por el maltrato que muchos de los deportados colombianos dicen haber sufrido- la decisión de controlar la inmigración y exigir papeles legales de visitante, turista, residente o ciudadano es legal y protegida por el derecho de Venezuela de no permitir la inmigración ilegal en su territorio, como lo hacen Estados Unidos, España, Colombia, Australia, etc.
El temor de los organismos de Derechos Humanos es que se maltrate a los deportados.
Para algunos sectores, especialmente opositores, la decisión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, es una “cortina de humo para esconder o hacer olvidar los problemas económicos, de falta de democracia y de abastecimiento que se viven en el país”.
Para otros es la necesidad de retomar el control de una región inestable en la que se “ocultan parte de los productos de primera necesidad que faltan en Venezuela y que se venden ilegalmente en Colombia para desestabilizar al gobierno venezolano”.
El impacto político y mediático de la decisión
La decisión de Venezuela ha sido aprovechada políticamente en los dos países donde los opositores –y otros sectores- critican la medida.
En los medios de comunicación de Colombia, se hace eco de las deportaciones, se habla de racismo, de xenofobia, de ataques contra los colombianos antes de ser deportados, se critica al gobierno del presidente Juan Manuel Santos por “no hacer nada” para proteger a sus ciudadanos y se habla del impacto económico del cierre de la frontera en el lado colombiano.
El tema económico principal es el del precio de los combustibles debido a que la mayoría de los colombianos de la zona de frontera viajan a Venezuela para comprar gasolina, porque es mucho menos costosa.
En términos prácticos, el cierre de la frontera aumenta el valor del abastecimiento de combustible y encarece los desplazamientos de mercancías, alimentos, productos agrícolas y el transporte urbano e intermunicipal.
La cifra
En Venezuela, viven más de 5 millones 600 mil colombianos –nacionalizados o residentes, según las estadísticas nacionales- que constituyen el 20 por ciento del total de la población nacional que se calcula en 30 millones.
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