La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró ayer que son grupos terroristas “las denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal” que busque a arrogarse potestades del Estado, atemorizando, arriesgando o perjudicando los derechos de la población.
La Sala de lo Constitucional de la Corte explica en su sentencia emitida ayer de forma unánime, que los jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas de estos grupos son “terroristas”, independientemente que tales grupos delictivos tengan fines políticos, criminales o económicos, como extorsiones, lavado de dinero y narcotráfico.
De acuerdo con el diario El Mundo de San Salvador, la sentencia es la respuesta a cuatro demandas de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, LECAT, que cuestionaba la ambigüedad dela definición de terrorismo.
La LECAT define al terrorismo como los delitos que por su forma de ejecución, medios y métodos empleados, “evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror de la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física y mental de las personas, bienes materiales de significativa consideración o importancia, el sistema democrático o la seguridad del Estado o la paz internacional”.
En este país centroamericano se han cometido hasta el momento 3.828 homicidios, un promedio de 16 al día y supera a Honduras, considerado como el país más violento de la región, en donde según los datos de la Policía Nacional hasta el 17 de agosto se contaban 3.256 asesinatos, lo que significa 14 muertes diarias. Estos crímenes son atribuidos en su mayoría a las pandillas, que cuentan con unos 72.000 miembros, de los cuales 13.000 están encarcelados.
En El Salvador, la semana pasada, entre domingo y viernes, al menos 220 personas fueron asesinadas y durante tres días consecutivos se vivió “el día más violento del siglo”: el domingo con 40 muertos, el lunes con 42 y el martes con 43.
Según estadísticas de Medicina Legal y de la policía, de los 3.828 muertos debido a la violencia de este año, la mayoría son civiles, al menos 42 son policías y 16 son militares.
Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia no deja espacios para una nueva tregua, como la que fue firmada entre el gobierno y las pandillas en 2012. En su fallo, la Sala Constitucional de la Corte, cita su sentencia del 19 de diciembre de 2012, en donde consideró inadmisible “desde las bases del Estado Constitucional de Derecho” el uso de “mecanismos parajurídicos que impliquen negociaciones con el crimen” bajo condición de reducir la delincuencia a cambio de beneficios fuer de ley.
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