En un acto realizado al cumplirse un año de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, cuya situación se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014, el colectivo Solidaridad con México organizó un evento en Toronto, en el que se dio a conocer un documento que señala que Canadá desconoce el ambiente de violencia generalizada que impera en aquél país.
Canadá es dueño o participa en el 74 por ciento de las inversiones mineras en México. Precisamente, es en las zonas donde se ubican estos emprendimientos mineros en las que se encuentran los focos de mayor violencia.
Entre otros hechos, el grupo denuncia que México es un paraíso fiscal para las compañías canadienses, que pagan sólo derechos de extracción minera por montos que son ridículos incluso en el contexto económico mexicano.
Varias de las zonas de mayor explotación minera son tierras campesinas en las que, además, se da la presencia de grupos armados locales.
Esos territorios ofrecen vetas de oro casi a flor de tierra, con lo que los costos de explotación resultan extremadamente bajos. Ante la promesa de un botín suculento, las empresas no dudan en recurrir a todo tipo de alianzas para asegurar sus negocios, ya sea a nivel político o, incluso, con quienes recurren al uso de las armas para ubicarse como garantes de la seguridad.
Dolores Figueroa, investigadora y antropóloga social, habló con Luis Laborda de la intrincada madeja que cubre a las inversiones mineras extranjeras y el clima de violencia en suelo mexicano. Ella señala, además, la coincidencia en el tiempo de la guerra contra las drogas impulsada en el estado de Guerrero por el gobierno de Felipe Calderón, presidente de México entre 2006 y 2012, y la expansión de la minería de extracción.
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