Según la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, México tendrá que trabajar duro para cumplir con su compromiso de poner en marcha en todo el país un nuevo sistema de juicios orales públicos cuya fecha límite está establecida para el próximo año.
Desde su aprobación en 2008, México está trabajando en la implementación de una reforma constitucional, que reemplazaría su actual sistema de juicios a puerta cerrada sobre la base de testimonios escritos, por juicios orales públicos más transparentes similares a los de Estados Unidos o Canadá.
«Está claro que queda mucho por hacer en corto lapso de tiempo para poder satisfacer el plazo establecido. Es probable que el proceso se lleve a cabo poco a poco en algunas comunidades y no en todo el país al mismo tiempo», dijo Power.
México se había comprometido a tener juicios orales en marcha y funcionando en todo el país en junio de 2016, pero hasta ahora menos de un tercio de los 31 estados del país han puesto en marcha el nuevo sistema.
Grupos de derechos humanos acusan al actual sistema de encerrar a la gente durante años antes de que un juicio, mientras que muchos están condenados injustamente, a veces por confesiones obtenidas mediante tortura.
Estados Unidos se ha comprometido a colaborar con cerca de 250 millones de dólares para ayudar a México a hacer la transición a los juicios orales como parte de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de seguridad entre los dos países.
Power se reunió con la Procuradora General de México Arely Gómez el miércoles como parte de una visita de tres días al país.
Power también dijo que Estados Unidos ha ofrecido ayuda a México en la construcción de una base de datos para rastrear personas desaparecidas, y que Gómez se mostró entusiasmada con la oferta.
Según cifras oficiales, cerca de 25.000 personas han desaparecido en México desde que la administración anterior puso en marcha una batalla contra las bandas de narcotraficantes en 2007, lo que desató una oleada de violencia.
La desaparición de 43 profesores en formación el año pasado a manos de la policía local en el sudoccidental estado de Guerrero ha dañado profundamente la imagen del gobierno en el país y en el extranjero.
«Es extremadamente importante que se ha avance en estos casos, algunos de los cuales son casos emblemáticos, pero muchos de los cuales nunca se llegan a ser titulares», dijo Power.
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