La Corte Suprema de Panamá emitió el lunes una orden de arresto contra el ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) juzgado por espionaje y actualmente prófugo en el extranjero, quien respondió en Twitter el martes hablando de un «juicio político».
El ex presidente liberal es acusado de haber interceptado comunicaciones de unas 150 personas, entre ellas, empresarios, periodistas, líderes de la sociedad civil y miembros de la oposición.
El 11 de diciembre, no se presentó en el juicio.
Los magistrados decidieron autorizar la detención de Martinelli, como había sido requerido por la fiscalía.
El fiscal de la causa, el magistrado Harry Díaz, ha acusado a Martinelli de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y delitos contra la administración pública, que en total pueden sumar 21 años de cárcel.
«Es notorio que la actitud asumida» por Martinelli «de sustraerse de la jurisdicción nacional (…) atenta contra el normal desarrollo del proceso que se le sigue» por el caso de las escuchas, argumentó el pleno.
En opinión de los magistrados, «existe una clara justificación para que el Estado agote las medidas procesales para que asegure la presencia ante los estrados nacionales» del expresidente.
El exmandatario, quien abandonó Panamá en enero y según sus abogados se encuentra viviendo en Miami, asegura que es un perseguido político del gobierno de Juan Carlos Varela, quien en el pasado fuera su aliado.
El ex presidente, acaudalado hombre de negocios de 63 años, es objeto de otra investigación por el Tribunal Supremo, que lo sospecha de haber participado en la facturación de un contrato de $ 45 millones de la compra de alimentos para las escuelas, en el marco del plan de Acción Nacional (PAN) para luchar contra la pobreza.
Varios de sus ex ministros y familiares ya están encarcelados por su presunta implicación en casos de malversación de fondos y corrupción.
AFP/BBC
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