La Corte Suprema de Canadá es el escenario de audiencias orales, destinadas a analizar el pedido del gobierno federal para extender por 6 meses el plazo para responder a un fallo referido a la muerte asistida.
Las autoridades de Ottawa consideran que una respuesta al dictamen emitido por el tribunal requiere de la participación del parlamento y de las legislaturas provinciales, y que el trabajo de esas instancias no podría completarse en febrero.
El mes último, los liberales establecieron una comisión especial en el Senado, para explorar la cuestión de la muerte asistida por profesionales médicos, con el propósito de introducir una nueva norma sobre el asunto hacia el mes de agosto.
El comité debería presentar un informe a fines de febrero, que contemple sugerencias legales, aunque los miembros que deberían integrar el cuerpo aún no han sido asignados.
Las previsiones contempladas en el Código Criminal canadiense, que prohíben la muerte con participación de profesionales de la salud, dejarán de tener vigencia el mes próximo, luego que la corte los declaró inconstitucionales el invierno último.
En su decisión, el tribunal reconoció el derecho de los adultos a consentir poner fin a sus días voluntariamente, esto en el caso de quienes sufren dolencias físicas o mentales intolerables e irreversibles, con la participación de los servicios de un médico.
La misma Corte suspendió por un año su propio fallo, para dar tiempo al parlamento y a las legislaturas provinciales de responder al mismo.
En su solicitud al Alto Tribunal, las autoridades de Ottawa expresaron que su necesidad de más tiempo para poder dar una respuesta adecuada al tema.
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