En Canadá, Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, por la sección en inglés, y Béatrice Vaugrante, directora general de esta entidad por la sección en francés, publicaron un artículo de opinión en la prensa canadiense en el cual la organización presentó a la ciudadanía una serie de medidas que el nuevo gobierno liberal en Ottawa debería implementar en este 2016 para defender mejor los derechos humanos.
En conversación con Radio Canadá Internacional, Béatrice Vaugrante dijo que en las últimas semanas de 2015, el gobierno de Justin Trudeau mostró signos alentadores de un nuevo enfoque en derechos humanos hacia los refugiados, las mujeres, los pueblos indígenas y la ciudadanía canadiense en general.
A fin de apoyar este nuevo impulso del gobierno canadiense en el nuevo año, Amnistía Internacional Canadá presentó una hoja de ruta, una lista de tareas mínimas en derechos humanos que el gobierno de Justin Trudeau debería implementar en 2016.
Entre estas recomendaciones se encuentra una serie de reformas legislativas, la adhesión a leyes internacionales y la protección de los pueblos indígenas canadienses.
Por ejemplo, Canadá debe firmar dos tratados muy importantes en derechos humanos. Uno es el Tratado de comercio de armas y el otro es el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura de la ONU. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Stéphane Dion, debería informar al Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la decisión de Canadá de adherirse a estos compromisos internacionales.
El gobierno federal debe suspender la construcción de la represa C en el norte de la provincia de Columbia Británica. Los pueblos indígenas de la región se oponen enérgicamente a ese proyecto que les afecta directamente. El tomar esa decisión será un claro mensaje de que el nuevo gobierno de Justin Trudeau toma en serio la aplicación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el principio fundamental del consentimiento libre, previo e informado.
La última sesión del Parlamento había casi completado la reforma legislativa necesaria para proteger a las personas transgénero de la discriminación y los crímenes de odio. Sin embargo, esa reforma fue detenida por los senadores conservadores. El texto legislativo existe, ha sido estudiado en profundidad. El nuevo gobierno puede, y debe, llevar a cabo esa reforma lo más rápidamente posible.
La investigación nacional sobre las mujeres y niñas aborígenes desaparecidas y asesinadas debe comenzar. Mientras tanto, las recomendaciones que ya recibieron un amplio consenso podrían ser adoptadas. Entre ellas figura un aumento del financiamiento a los refugios para mujeres en las reservas indígenas y más fondos para los bancos de datos de la policía sobre la identidad de las mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas.
Otra medida urgente es la derogación de las reformas injustas y discriminatorias aplicadas por los conservadores, como las que ordenan el retiro de la ciudadanía a las personas con doble nacionalidad que sean condenadas por terrorismo y otros delitos.
Amnistía Internacional Canadá considera que se requiere una amplia consulta para determinar las modificaciones al proyecto de ley C-51 y otras leyes de seguridad. Esto para que las obligaciones en materia de derechos humanos sean respetadas. Se requiere una verdadera revisión de las prácticas de vigilancia y monitoreo de la ciudadanía que se hacen en nombre de la seguridad nacional.
Otra medida necesaria es que Canadá debe colocar los derechos humanos como punto de referencia central en materia de comercio internacional. Esto significa una evaluación del TPP, el Acuerdo Comercial TransPacífico, que aún no ha sido formado por Canadá. También es necesaria una revisión anual del tratado de libre comercio con Colombia, así como mayores esfuerzos para incrementar la responsabilidad de las corporaciones y empresas canadiense en materia de derechos humanos cuando llevan a cabo operaciones extractivas fuera del territorio canadiense.
Se necesitan urgentemente reformas para dejar de penalizar a las organizaciones no gubernamentales canadienses que participen en debates sobre políticas públicas. El gobierno debe garantizar el derecho de estos organismos de la sociedad civil a hacer campañas y a no estar de acuerdo con las políticas del gobierno canadiense, cualquiera sea éste.
Amnistía Internacional Canadá también propone el establecimiento de un nuevo programa de asistencia a los refugiados a raíz de la inmensa solidaridad demostrada por los canadienses hacia los refugiados sirios. Esta iniciativa debe extenderse a los refugiados procedentes de otros países. Además, aquellas leyes y políticas que castigan más y restringen a los refugiados y los solicitantes de refugio deben ser derogadas.
Ottawa también debe corregir los errores del pasado. Los canadienses Omar Khadr, Abdullah Almalki, Ahmed El-Maati Abu, Muayyed Nureddin y Abdelrazik, que fueron detenidos y torturados fuera del país en nombre de la seguridad nacional, sobre la base de información colectada por los organismos de seguridad canadienses, deben recibir una compensación además de las debidas disculpas.
El organismo también indica que se necesitan nuevas estrategias para desarrollar un compromiso político coherente en lo que concierne a los canadienses y aquellas otras personas que tienen estrechos lazos con Canadá y que son víctimas de graves violaciones de los derechos humanos en países como Arabia Saudita, China, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Egipto y en los corredores de la muerte en Estados Unidos.
Finalmente, Béatrice Vaugrante señala que, para Amnistía Internacional Canadá, el respeto universal a los derechos humanos debe ser la piedra angular de la política exterior de Canadá.
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