El gobierno de Columbia Británica no respetó su deber de consultar a las Primeras Naciones en el marco del proyecto de Oleoducto Northern Gateway al norte de la provincia, decretó un juez de la Corte Suprema provincial. Los miembros de la comunidad indígena están satisfechos de esta “gran victoria”.
La batalla comenzó en 2010, cuando el gobierno liberal de la provincia de Columbia Británica estimó que su evaluación ambiental del proyecto presentado por la compañía Enbridge podía combinarse con la del gobierno federal para evitar “prácticas burocráticas bizantinas”.
En 2014, Ottawa aprobó el controvertido proyecto de oleoducto que debía transportar el petróleo de Alberta hasta la costa norte de Columbia Británica.
Más sin embargo, varias comunidades indígenas de la costa, entre las que se encuentra la Primera Nación Gitga’at, opuestas al oleoducto, se sintieron perjudicadas. Según las comunidades indígenas, el gobierno de la provincia de Columbia Británica no cumplió con su deber de consultar a las Primeras Naciones, lo que la justicia acaba de reconocer. El gobierno, que tiene la oportunidad de apelar la decisión, no se ha pronunciado todavía.
Ivan Giesbrecht, portavoz de la Northern Gateway, indicó en un correo electrónico que la empresa hace todo lo que está a su alcance para responder a las condiciones establecidas por la comisión encargada de hacer la evaluación ambiental del proyecto, así como las que podrían imponerle el gobierno de la provincia.
“Seguiremos trabajando con los distintos niveles de gobiernos, incluyendo a las Primeras Naciones y los Pueblos Mestizos, para asegurar la construcción de esta infraestructura canadiense esencial”, dice en su comunicado el portavoz de la Northern Gateway.
Esta decisión podría tener una incidencia en otros proyectos controvertidos de oleoductos en la provincia, tales como el proyecto Trans Mountain, de la compañía Kinder Morgan.
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