Los niños de los pueblos originarios en Canadá reciben una atención médica y una educación inferior debido a que viven en reservas indígenas.
El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos determinó este martes que el Gobierno federal canadiense discrimina a los niños de las Primeras Naciones que viven en las reservas al no proporcionarles el mismo nivel de servicios de asistencia social que el Estado provee a los niños que viven en otras partes del país.
Por cada dólar que el sistema canadiense de bienestar infantil gasta en un niño fuera de las reservas, los niños que viven en estas reservas indígenas reciben solamente hasta 62 centavos de dólar.
Fue Cindy Blackstock, la directora de la Sociedad de atención a las Primeras Naciones y la familia, junto con la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá, quien presentó en febrero de 2007 una denuncia contra el Gobierno federal ante la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.
Ellos argumentaron que el dinero invertido por Ottawa en el bienestar infantil en las reservas indígenas es mucho menor que los fondos que los gobiernos provinciales invierten en los niños que viven fuera de las reservas. Y esto a pesar de que las necesidades en las reservas son mucho mayores.
El Tribunal de Derechos Humanos de Canadá declaró que el modelo y la gestión de los servicios para niños y familias de las Primeras Naciones “dio como resultado la denegación de servicios y la emergencia de impactos adversos para muchos niños de las Primeras Naciones y las familias que viven en las reservas”.
La decisión dice que el gobierno debe «cesar las prácticas discriminatorias y tomar medidas para prevenir y reparar los daños.» También pide el rediseño del sistema de bienestar infantil y su modelo de financiamiento, instando el uso de expertos para asegurarse que las Primeras Naciones reciban servicios culturalmente apropiados.
La decisión también comparó el sistema de bienestar infantil en las reservas con el trágico sistema de las escuelas residenciales, ya que «el destino y el futuro de muchos niños de las Primeras Naciones todavía sigue siendo determinado por el gobierno canadiense.»
El Tribunal Canadiense de Derechos Humanos también recomendó el aumento del financiamiento y el apoyo necesario a las Primeras Naciones para que éstas puedan ofrecer su propio sistema de bienestar infantil.
Para la instigadora de la causa, Cindy Blackstock, esta decisión es una «victoria completa» para los niños en todas partes, no sin dejar de cuestionar la saga judicial impuesta por el anterior gobierno del conservador Stephen Harper.
El gobierno del conservador Harper combatió encarnizadamente esta demanda de justicia para los niños indígenas canadienses. Primero intentó que las Cortes ignoren las demandas de Cindy Blackstock y la Asamblea de las Primeras Naciones.
Cuando eso no funcionó, los abogados del gobierno retuvieron miles de páginas de documentación que servía de evidencia, algo que fue descubierto solamente después de que Blackstock presentó ante las autoridades una solicitud de acceso a la información. Ella también tuvo que apelar ante el Comisionado para la protección de la vida privada para conseguir que el gobierno conservador de la época deje de espiarle.
El jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Bellegarde, dijo que espera ver signos de la voluntad del gobierno federal para abordar el tema en el próximo presupuesto federal.
Durante el largo proceso, documentos internos del gobierno canadiense indicaban que la brecha de financiamiento llegaba en 2005 a más de cien millones de dólares anuales. Cindy Blackstock estima que esa insuficiencia de financiamiento de los servicios a los niños indígenas alcanza actualmente a los 200 millones de dólares por año.
En declaraciones a la prensa, la ministra canadiense de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, manifestó su acuerdo con la decisión y dijo que su departamento trabajará con la Asamblea de las Primeras Naciones y las organizaciones indígenas para lograr soluciones. Esto en contraste absoluto con la actitud del anterior gobierno conservador.
En un comunicado de prensa, la Comisión Canadiense de Derechos Humanos aplaudió la sentencia del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos.
«Esta histórica decisión tendrá un profundo impacto en cómo el gobierno de Canadá financia los programas y servicios en las reservas indígenas en el país», escribió Marie-Claude Landry, comisionada canadiense de derechos humanos.
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