Unos 8.250 señalamientos por radicalización fueron hechos ante las autoridades francesas, pero el número de personas realmente implicadas es cuatro veces menor, indicó este miércoles el ministerio francés del Interior.
Le Figaro reveló ayer martes que 8.250 habían sido señaladas como radicalizadas en todo el territorio francés. Un número que ha más que duplicado en menos de un año, según un balance oficial establecido el 28 de enero.
Se trata de señalamientos efectuados en el “número verde” para la prevención de una radicalización violenta, creado por las autoridades, precisó el ministerio del Interior francés.
La plataforma anti yihad fue lanzada el 29 de abril de 2014. “Son personas o familia seguidas en el marco de la prevención. La cifra de personas implicadas es 4 veces más baja”, dice un comunicado.
Según Le Figaro, estas personas son 80% mayores de edad y 70% hombres, que fueron señaladas por familiares y allegados o por los servicios del Estado. “Todas son seguidas debido a un presunto repliegue de su identidad, a una apología al terrorismo o a una hostilidad contra las instituciones”, dice el diario.
Estos señalamientos se elevaban a 4.015 en marzo del 2015. Si su número ha aumentado en todo el país, es en particular París, la Isla de Francia y el Sudeste de país que cuentan con el mayor número de casos.
Estado de emergencia prolongado
El estado de emergencia será prolongado en Francia hasta que la ley sobre los nuevos procedimientos judiciales sea instaurada. El Consejo de ministros pidió su prolongación durante tres meses más a partir del 26 de febrero próximo, debido al contexto de amenazas terroristas calificadas de fuertes por el gobierno.
Decretado por el presidente François Hollande, después de los atentados del 13 de noviembre pasado que dejó 130 muertos en París y Saint Denis, el estado de emergencia había sido prolongado por 3 meses la primera vez.
Este dispositivo previsto inicialmente por una ley de 1955, permite llevar a cabo allanamientos administrativos o pronunciar encarcelamientos sin la autorización previa de un juez. Estas medidas han sido juzgadas como peligrosas pro las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
Radio Canadá/Reuters
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