El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, negociado por una docena de naciones desde hace años, propone una asociación que excede el ámbito meramente comercial.
El mismo viene de ser refrendado por Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Chile, México, Perú, Brunei, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam.
Además de las implicancias comerciales, se habla de limitaciones a la libertad en Internet y obstáculos para el acceso a los medicamentos genéricos.
Las negociaciones, iniciadas hace 7 años, se realizaron en una ambiente de hermetismo, dejando en más de una ocasión sin acceso a sus contenidos incluso a los representantes de los países involucrados.
Si bien los promotores agitan las banderas de las posibilidades que abre un mercado de la magnitud que representan las doce economías firmantes, quienes se oponen al acuerdo señalan los riesgos del esquema propuesto, en donde las empresas dominantes podrían tener incluso más poder que los propios países y sus gobiernos, mediante la aplicación del sistema legal de solución de controversias inversor-Estado, y donde la propiedad intelectual aparece como la gallina de los huevos de oro.
Según una encuesta del Instituto Angus Reid, el 32 por ciento de los canadienses está a favor del pacto, aunque otras voces advierten al gobierno de Ottawa sobre las consecuencias negativas que el mismo tendrá para el país.
Al respecto se refiere Andrés Fontecilla, antropólogo canadiense de origen chileno, presidente y portavoz de la formación política Québec solidaire, en diálogo con Luis Laborda.
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