En 1959 el Gobierno de Canadá estableció una institución llamada Oficina Nacional de la Energía, que es un organismo regulador económico independiente creado para supervisar «aspectos internacionales e inter-provinciales de las industrias del petróleo, del gas y de servicios eléctricos.» Su oficina central se encuentra en Calgary, la capital petrolera de Canadá, en la provincia de Alberta.
Una reciente evaluación de esta institución, cuya independencia fue diezmada por las acciones del pasado gobierno conservador debido a su obsesión ideológica de favorecer la explotación petrolera, muestra que sus acciones no son suficientes como para garantizar la seguridad de la población.
La seguridad de los oleoductos en Canadá se ha convertido en uno de los mayores desafíos políticos para el nuevo gobierno liberal, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau.
Este tema está enfrentado a provincia contra provincia, y al medioambiente contra la economía. El Primer Ministro ha prometido restablecer la confianza de la población en la seguridad de los oleoductos. Pero la tarea no será fácil.
Julie Gelfand, comisionada canadiense para el medioambiente y el desarrollo sostenible, examinó el trabajo de la Oficina Nacional de la Energía durante los últimos 14 años.
Esa auditoría examinó de qué manera esa entidad del gobierno canadiense lleva a cabo el seguimiento de las empresas petroleras canadienses y estudió si éstas cumplen con los requerimientos de seguridad establecidos en la construcción y mantenimiento de oleoductos en territorio canadiense.
Los resultados demuestran que la Oficina Nacional de la Energía no ha estado haciendo bien su trabajo.
«Aproximadamente en un 50 por ciento de los casos, la Oficina Nacional de la Energía no pudo asegurarnos que ellos aplicaron las regulaciones o se aseguraron del cumplimento de las condiciones previas para la aprobación de proyectos», decía Julie Gelfand, comisionada canadiense para el medioambiente y el desarrollo sostenible.
Esas condiciones a menudo son impuestas en respuesta a las preocupaciones manifestadas durante las audiencias públicas que se llevan a cabo en torno a grandes proyectos energéticos.
Esas preocupaciones van desde la necesidad de crear empleos para las poblaciones indígenas cuyos territorios son afectados por estos proyectos, hasta la necesidad de establecer medidas de protección del medioambiente.
En un caso se detectó que la Oficina Nacional de la Energía falló en verificar la aplicación de una de sus propias órdenes, que le había exigido a una compañía que lleve a cabo un estudio sobre los efectos en el medioambiente de una ruptura de su oleoducto. La orden había sido dada hace diez años atrás.
Julie Gelfand, comisionada canadiense para el medioambiente y el desarrollo sostenible, dijo que el sistema de trabajo de la Oficina Nacional de la Energía es desorganizado y no hay un seguimiento de la información.
Parte del problema es que la Oficina Nacional de la Energía no puede atraer ni retener buen personal, y esto pese a que su financiamiento ha aumentado desde el 2010.
El reporte crítico de Julie Gelfand hará parte del debate político en torno a la construcción de oleoductos en Canadá, como el Proyecto Energía Este, de la empresa TransCanada, considerado como la mejor esperanza para exportar el petróleo desde Alberta a los mercados internacionales utilizando una terminal en San Juan, Nueva Brunswick.
En la provincia de Quebec unos 80 alcaldes, incluyendo el de la metrópolis Montreal, se oponen a ese proyecto debido a los riesgos que implica para el medioambiente y la población.
El primer ministro Justin Trudeau prometió que reparará la Oficina Nacional de la Energía y la manera en la que los grandes proyectos son evaluados.
Por su parte, la Oficina Nacional de la Energía prometió que encontrará una solución a la manera en la que lleva a cabo el seguimiento de las empresas petroleras y sus oleoductos, para asegurarse de que ellas cumplen con las normas y las reglas de protección del medioambiente y de la población.
Fuentes: M.McDiarmid/CBC/RCI
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