El presidente francés, Francois Hollande, dijo el miércoles que no iba a revisar la Constitución ante la imposibilidad de unir a la Asamblea y el Senado sobre su propuesta de revocación de la ciudadanía de los autores de actos terroristas, que divide a su propia mayoría.
«Decidí cerrar el debate constitucional pero no voy a desviarme de los compromisos que tomé para garantizar la seguridad de nuestro país y para proteger a los franceses contra el terrorismo, es mi deber y es mi responsabilidad, voy a asumirlo hasta el final y con la fuerza necesaria «, dijo después de recibir a los presidentes de la Asamblea y el Senado, Claude Bartolone (Partido Socialista) y Gérard Larcher (Republicano).
El presidente francés criticó durante un breve comunicado en el Elíseo, «la actitud de la oposición».
Tres días después de los atentados del 13 de noviembre, con el resultado de 130 muertos en París, Hollande reunió en sesión solemne al Congreso (las dos cámaras conjuntas, la Asamblea Nacional y el Senado) y propuso en cambio constitucional que preveía también incluir en la Carta Magna medidas especiales para aplicar fórmulas de estado de excepción mientras durara la amenaza terrorista. Ya existe una ley al respecto, pero se aplica, como ahora mismo, de forma temporal y debe ser ampliada regularmente.
Pero la medida más polémica que Hollande anunció aquel 16 de noviembre fue la retirada de la nacionalidad a los binacionales nacidos en Francia. El presidente tenía en cuenta un dato fundamental: casi todos los terroristas que han actuado en Francia en los últimos atentados son nacidos en el país, aunque tengan doble nacionalidad sus padres nacieron en Argelia o Marruecos.
Con semejante propuesta, Hollande hizo temblar los cimientos de un principio sagrado de Francia: el derecho de suelo, es decir, el derecho de toda persona a tener la nacionalidad francesa por haber nacido en Francia.
En ese contexto de amenaza terrorista, diputados y senadores acordaron la inclusión del estado de emergencia en la Constitución, el primer artículo de la reforma que contenía dos, pero diferían sobre la cuestión de la privación de la nacionalidad.
Respecto a ésta, los diputados eran en su mayoría favorables para todas las personas condenadas por terrorismo, binacionales como nacionales. El Senado, por su parte, donde la derecha tiene una mayoría, era partidario de una inhabilitación solamente para los binacionales con el único fin de evitar la apatridia.
Radio Canadá, Internet
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