Edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas.

Edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela en Caracas.
Photo Credit: LUIS ROBAYO

Máximo Tribunal de Venezuela declara inconstitucional ley de amnistía

El máximo tribunal de Venezuela decretó este lunes que la ley de amnistía aprobada recientemente por la mayoría opositora del parlamento es inconstitucional, razón por la cual esa ley no es inaplicable.

La Asamblea Nacional aprobó dicha ley para liberar y terminar las causas judiciales que se les siguen a individuos que la oposición considera como presos políticos y que el presidente Nicolás Maduro describe llanamente como criminales comunes.

El mandatario venezolano solicitó el pasado jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que determine si esa ley contravenía o no a los mandatos de la Carta Magna.

Entre las consideraciones de su decisión, la sala constitucional del TSJ dijo que «habiéndose incluido en la ley en cuestión delitos comunes ajenos a esta figura constitucional, esta Sala no puede impartir su conformidad constitucional».

La ley buscaba beneficiar a individuos en prisión, considerados como opositores. Algunos purgan ya sus condenas, otros se encuentran con procedimientos abiertos, como Leopoldo López, quien fue acusado de incendio, daños a la propiedad pública e instigación a delinquir, o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, también acusado de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.

Minutos antes de que el Tribunal publicara la decisión en su portal, en un acto para recordar el fallido golpe de Estado que, con el apoyo de las élites venezolanas, sacó del poder brevemente a Hugo Chávez en 2002, el presidente Maduro declaró que «esa ley de impunidad no va. Si queremos paz, esa ley no va».

«La autonomía del Poder Legislativo no se discute», respondió la oposición en la Asamblea Nacional a través de Twitter, donde divulgó un formulario solicitando firmas para «exigir al Gobierno» la promulgación de la ley.

La decisión del TSJ parece profundizar el conflicto entre los poderes públicos del país petrolero, al dejar sin efecto el trabajo de la oposición en el Parlamento.

Categorías: Internacional, Política
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