El senado brasileño será el que determine si la presidente Dilma Rousseff tendrá que dejar el cargo durante una investigación o si ella puede quedarse mientras se define su suerte jurídica.
Luego la aprobación, ayer en la Cámara de Representantes, de la suspensión temporal de la jefe de Estado, miles de brasileños se han movilizado para rechazar y criticar la decisión o para apoyarla.
Lo cierto es que entre quienes decidieron la separación temporal –que podría volverse definitiva- de la presidente del país, hay varios diputados y dirigentes salpicados por escándalos de corrupción y cuestionados por la justicia.
La acusación contra Rousseff es por “haber disimulado o maquillado” las cuentas del Estado antes de las pasadas elecciones para no mostrar la realidad económica del país y “favorecerse” de una percepción diferente de la realidad.
Según muchos analistas y dirigentes latinoamericanos, la presidente de Brasil está viviendo las consecuencias del rechazo que generan, en las clases favorecidas y en la clase media, las políticas sociales de la anterior administración de Lula Da Silva que son consideradas por sus detractores como asistencialistas.
Hay también mucho rechazo a las políticas de ajuste económico que se consideran improvisadas y sin resultados por una gran parte de la población.
A esto se une el escándalo de corrupción que ha golpeado su partido, el PT, aunque la presidente no haya sido mencionada ni directa ni indirectamente en esas acusaciones.
Dilma Rousseff llegó a este proceso parlamentario debilitada por una baja popularidad.
La presidente de Brasil se había destacado por haber permitido a la justica actuar contra los corruptos sin ninguna presión. Eso hace que algunos de sus partidarios y analistas consideren que lo que se está viviendo es también, en parte, una venganza de sus enemigos políticos.
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