Existe un memorándum de entendimiento entre la Real Policía Montada e Inmigración y ciudadanía Canadá sobre la información que hay que compartir. Lo que importa en este caso es que la Policía Montada no compartía la información, una información que estaba disponible y que no la compartió con Ciudadanía e Inmigración.
Quien se expresa así es, Michael Ferguson, verificador general de Canadá, al presentar su informe 2016. Cuando una persona solicita la ciudadanía canadiense, tiene que haber verificaciones en términos judiciales y de seguridad. La tarea de verificar fraudes y transferir información a los funcionarios de inmigración le corresponde a la Policía Montada. La Auditoría General encontró que el proceso estaba lejos de ser eficiente.
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El problema no es nuevo y tiene otras ramificaciones. Ya en 2012, el ministerio de Inmigración decía que «la ciudadanía» de miles de personas podría ser revocada porque estaban sujetas a investigaciones de fraude en la obtención de la residencia.
Hoy, el gobierno federal es severamente criticado por su manejo de las solicitudes de ciudadanía canadiense. El Auditor General, Michael Ferguson, critica al ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, que no supo ni pudo detectar o prevenir el fraude de «manera adecuada”.
En 2014, el otorgamiento de la ciudadanía alcanzó un nivel sin precedentes. 260.000 personas se convirtieron en canadienses, dos veces más que el año anterior. De acuerdo con el auditor general, el proceso por el cual estas ciudadanías fueron concedidas presenta grandes faltas.
En su auditoría, la oficina del verificador general analizó cómo el Departamento de Inmigración estudia las solicitudes de ciudadanía y comprueba si contienen información fraudulenta.
La auditoría se llevó a cabo entre julio de 2014 y octubre de 2015 cuando estaban los conservadores de Stephen Harper en el gobierno.
Lo que ha examinado la Auditoría General:
*Verificación de direcciones problemáticas
*Detección de documentos falsos o falsificados
*Obtención de información de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá
Su conclusión es inequívoca. Los controles no se realizan adecuadamente.
El problema de las direcciones
Una de las cuestiones planteadas por el Auditor General en su informe es el uso de direcciones problemáticas de los solicitantes de ciudadanía. Para demostrar su residencia en Canadá, se debe proporcionar una dirección válida.
La base de datos en la que el Ministerio acumula las direcciones no permite detectar todos los fraudes.
El auditor dio el ejemplo de una investigación realizada por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá que había determinado que 16 solicitantes de la ciudadanía utilizaban dos direcciones. La investigación de la agencia aún no había terminado y ya la mitad de estos solicitantes obtuvo su ciudadanía canadiense.
Falta de intercambio de informaciones
Cuando una persona solicita la ciudadanía canadiense, se requiere verificaciones del orden de la seguridad y judiciales. Imposible que un solicitante mayor de 15 años se convierta en canadiense si ha cometido ciertos delitos, si está en prisión o en libertad condicional.
La tarea de verificar y transferir información a los funcionarios de inmigración le corresponde a la Policía Montada. La Auditoría General encontró que el proceso estaba lejos de ser eficiente.
El auditor ha examinado 38 casos de extranjeros o residentes permanentes algunos de los cuales habían sido acusadas de delitos graves como de tráfico de drogas o de agresiones. Su conclusión: sobre estos 38 casos, la RCMP ha proporcionado información al Departamento de Inmigración solamente en dos casos.
En cuatro casos, la información concernía a solicitantes de ciudadanía. Dos de ellos lograron obtener su ciudadanía.
El auditor recomienda también mejorar la comunicación entre la Agencia de los servicios fronterizos y los funcionarios del ministerio de Inmigración.
El alto precio de una revocación
Las fallas descubiertas por el auditor general son tanto más problemáticas, dice él, que es más complejo actuar con carácter retroactivo con una persona que cometió fraude en el proceso y a quien se le ha concedido ya la ciudadanía.
Dado que es más caro revocar la ciudadanía después de que se la haya concedido, es importante asegurarse desde el principio que sólo los solicitantes elegibles obtengan la ciudadanía canadiense.
Informe del Auditor General
En enero, 700 casos estaban en proceso de revocación en el Ministerio de Inmigración.
El Auditor General recomendó a Inmigración, Refugiados y Ciudadanía mejorar su sistema de detección de fraude y regular mejor el intercambio de información con la Policía Montada y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.
Respuesta del ministro de Inmigración y ciudadanía de Canadá.
El ministro de Ciudadanía e inmigración John McCallum dijo que aceptaba plenamente las recomendaciones del Verificador General de Canadá, Michael Ferguson.
«Tengo confianza en la integridad del sistema y tengo confianza también en que necesita ser mejorado. Y como lo dije antes estamos en un proceso de responder rápidamente a esas recomendaciones del verificador general».
El ministro agregó que menos del 1% de las personas que solicitan la ciudadanía comete fraude para obtenerla. Y añadió:
Nos aseguraremos que si alguien obtiene la ciudadanía de manera fraudulenta sea investigado con la posibilidad de que le sea revocada y también nos aseguraremos de que los funcionarios reciban las informaciones necesarias y que actúen conforme a esas informaciones según las necesidades.
RCI con información de Radio Canadá/Stephanie Levitz, CBC/The Canadian Press
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