Un grupo de mexicanos denuncia la grave situación de los derechos fundamentales en su país. La protesta, en octubre del 2015, se llevó a cabo ante la sede de la OEA, durante una Sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese organismo -que ha puesto en evidencia miles de violaciones de Derechos Humanos y salvado miles de vidas- está viviendo una grave crisis económica.
Photo Credit: Manuel Balce Ceneta

En riesgo protección y evaluación de Derechos Humanos en América   

Las medidas cautelares para proteger personas en riesgo, las evaluaciones de la situación de los Derechos Humanos en los países del continente, las audiencias de “careo” entre Estados y víctimas y las solicitudes de proceso e investigación podrían sufrir serios tropiezos -en el continente americano- a partir del próximo 31 de julio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –encargada de esas actividades- lanzó una alerta advirtiendo que vive una crisis financiera importante que le impediría, entre otras cosas, renovar los contratos del 40 por ciento de su personal.

En un comunicado de prensa, conocido en las últimas horas, la Comisión asegura que no se vislumbra –hasta este momento- ninguna posibilidad de recibir los fondos necesarios para pagar la mayor parte de su funcionamiento.

Así las cosas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no podrá realizar las visitas que tenía previstas para el 2016 ni organizar las dos sesiones anuales -159 y 160- ni pagar los sueldos de 4 de cada 10 funcionarios que trabajan para el organismo.

Las sesiones del organismo permiten analizar los casos y tomar decisiones sobre las solicitudes recibidas como las medidas cautelares para exigir la protección de una persona, un grupo, una comunidad o un sector particularmente amenazado o de quienes están en riesgo de ser asesinados o de ser víctimas de violaciones graves de sus derechos fundamentales.

Las directivas de la Comisión –un organismo autónomo pero consultor principal de la Organización de Estados Americanos, OEA-  pidieron a los estados miembros y a quienes puedan ayudar realizar donaciones o aportes financieros lo antes posible para evitar una crisis en los procesos que adelanta.

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