Un presupuesto estático, una formación inadecuada y una falta de comunicación han socavado los esfuerzos de Canadá para negar refugio a los criminales de guerra, de acuerdo con una evaluación realizada internamente.
La evaluación también reveló la preocupación por la tendencia cada vez más marcada de utilizar las leyes de inmigración para expulsar a los criminales de Canadá en lugar de procesarlos o retirar su ciudadanía.
En general, muchas de las personas entrevistadas en el marco de la evaluación dijeron temer que la contribución de Canadá a la lucha mundial contra los crímenes de guerra disminuya por la falta de medios y recursos.
Esta presentación con fecha de enero de 2016 concerniente a los resultados preliminares de la evaluación del Programa de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad fue obtenida por The Canadian Press bajo la Ley de Acceso a la Información.
De acuerdo con la presentación preparada por el Departamento de Justicia por la firma de investigación Associates Prairie, los recursos asignados al programa no han cambiado desde 1998 y se consideran inadecuados.
La oficina del Ministro de Justicia no comentó de inmediato sobre estos hallazgos.
Gestionado por varias agencias federales, el programa, que cuenta con un presupuesto anual de 16 millones de dólares, tiene por objeto prohibir la entrada a Canadá de los criminales de guerra, e impedir que los que ya están en suelo canadiense obtengan la ciudadanía y llevarlos ante la justicia cuando sea el caso.
Los consultores examinaron los datos, llevaron a cabo una encuesta a los empleados y entrevistaron a 49 personas, incluidos los funcionarios federales y representantes de gobiernos extranjeros, organizaciones no gubernamentales y universidades.
Sin embargo, encontraron que los datos completos sobre el rendimiento anual del programa no iban más allá de 2010-2011, haciendo difícil la evaluación y poniendo de relieve el deseo de una mayor obligación de rendir cuentas, incluso en el seno del personal .
Además, el porcentaje de empleados considerándose altamente satisfechos con el programa como una forma de negar refugio a los criminales de guerra pasó de 74% en 2008 al 59% en 2015.
La Presse canadienne.
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